Tras la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Gobierno Nacional señaló que la regla fiscal fue suspendida por tres años. Según cálculos de Corficolombiana, en 2028 será necesario un recorte de cerca de $70 billones para retomar la senda de cumplimiento de esta norma, que establece límites a la capacidad de déficit dentro de la política de presupuesto público.
Frente a este escenario, la organización advirtió que la mayor preocupación en materia fiscal está en el mediano plazo. Precisamente, en 2028, cuando se reactive la regla fiscal, se requeriría un ajuste en el balance primario equivalente a 3,2 puntos del PIB respecto a 2025, lo que representa el equivalente a más de tres reformas tributarias.
También señalaron que la proyección del Gobierno sobre la reducción de intereses de deuda, que pasaría de 4,8% del PIB en 2026 a 3,9% en 2028, no es consistente con el comportamiento reciente de las tasas de interés. Por el contrario, existe un riesgo significativo de que la carga por intereses supere 5% del PIB una vez termine la suspensión de la regla fiscal.
Este panorama implica que, además del difícil recorte de $70 billones en un presupuesto con altos niveles de inflexibilidad, debido a compromisos en salud, pensiones y otros rubros, podría sumarse una mayor carga por el servicio de la deuda.
Para Corficolombiana, la hoja de ruta planteada por el Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal evidencia un escenario de alta complejidad en las finanzas públicas. Entre 2025 y 2027, el déficit fiscal superaría en 1,4 puntos porcentuales los límites de la regla fiscal, lo que elevaría en 4,5 puntos porcentuales la relación deuda neta–PIB, llevándola a un máximo histórico de 63,8% en 2027.
A la vez se menciona que el Gobierno proyectó un déficit fiscal de 6,2% del PIB, cifra que depende de la aprobación de una reforma tributaria que permitiría recaudar al menos $19,6 billones (1% del PIB). Sin embargo, Corficolombiana considera improbable que se apruebe una reforma de ese alcance en el actual contexto político.
En este marco, la necesidad de mayores recursos ha llevado al Gobierno a diversificar las fuentes de financiamiento. Del déficit adicional de $38,8 billones proyectado para 2025, 75% se cubrirá con operaciones de tesorería, 21,2% mediante subastas de Títulos de Tesorería, TES, y 4,8% restante con bonos colocados en mercados internacionales.
