Apenas queda un día para que las comisiones económicas conjuntas terceras y cuartas de Senado y Cámara definan el monto del Presupuesto General de la Nación para el próximo año, en medio de la crisis fiscal que enfrenta el Gobierno Nacional y que llevaría a la deuda neta a 67,3% del PIB.
El monto asciende a $634,9 billones, una cifra sin precedentes, que cambió sustancialmente frente a la propuesta que había dejado la administración del expresidente Gustavo Petro.
Antes del 15 de septiembre, las comisiones económicas deberán decidir sobre el monto definitivo del presupuesto; posteriormente, la aprobación del proyecto por parte de las comisiones deberá hacerse, a más tardar, el 25 de septiembre para que las plenarias inicien la deliberación del PGN del próximo año.
La norma dicta que si el Congreso no expide el PGN antes del 20 de octubre, regirá el proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda, incluyendo las modificaciones aprobadas en primer debate.
Las denuncias del actual Gobierno
El Gobierno De la Espriella denunció que la propuesta de la administración anterior ocultaba la totalidad de los recursos que se deben destinar a salud, universidades públicas, pensiones, subsidios y deuda. Además, sobre este último punto, aseguró que 96% del cupo de endeudamiento previsto para el año ya se había agotado a agosto, pese a que estaba contemplado para toda la vigencia.
La cartera de Hacienda aseguró que el gobierno anterior dejó $10 billones comprometidos en una semana, no para obras, ni para inversión, sino para burocracia y malgasto. Otro de los puntos está en la inversión privada, que cayó a niveles no vistos desde 1975.
El Gobierno De la Espriella también cuestionó que durante los últimos cuatro años se hayan elaborado presupuestos con ingresos sobreestimados. Según las cifras presentadas, para 2027 se habría proyectado un recaudo de $340 billones, mientras que el cálculo realista sería de $299 billones. La diferencia de $41 billones se suma a los $71 billones de menores ingresos tributarios registrados en 2024 frente a lo estimado, en un contexto en el que, según el Gobierno, se gastó como si esos recursos fueran a ingresar.
Las cifras de ingresos tributarios muestran la magnitud de las diferencias. Para 2026, el presupuesto contemplaba $321,5 billones, mientras que para 2027 la administración anterior proyectó $308,9 billones. Sin embargo, el cálculo considerado realista los ubica en $298,1 billones, una reducción de $10,8 billones frente a lo presupuestado.
Otro de los problemas señalados está en el costo de la deuda. El servicio de la deuda pasaría de $100 billones en 2026 a $155 billones en 2027, un incremento de $55 billones en apenas un año. Esto significa que, mientras antes se destinaba $1 de cada $6 recaudados en impuestos al pago de la deuda, ahora se destina $1 de cada $3. Además, entre 2026 y 2027, los intereses que debe asumir el país aumentarían 48%, reduciendo aún más el margen disponible para financiar inversión y otros gastos públicos.
Frente a este panorama, el Gobierno presentó una propuesta que contempla esfuerzos de austeridad por $17,4 billones, que incluyen $12,9 billones en menores transferencias, $2,8 billones en adquisición de bienes y servicios y un recorte de $2,5 billones en proyectos de inversión considerados no prioritarios.
El proyecto de PGN para 2027 también muestra una alta concentración de los recursos en funcionamiento y servicio de la deuda. Del total, 62% estaría destinado a funcionamiento, 24% al servicio de la deuda y apenas 14% a inversión. En otras palabras, de cada $100 del presupuesto, $24 se destinarían al pago de la deuda y solo $14 quedarían para inversión.
