El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso el proyecto de ley del Presupuesto del Sistema General de Regalías, SGR, para el bienio 2027-2028, con ingresos proyectados de $27,54 billones. La cifra, equivalente a 1,4% del PIB, representa una caída de 11% y una reducción de $3,42 billones frente al monto aprobado para 2025-2026, que fue de $30,96 billones (1,5% del PIB).
Según explicó el Ministerio de Hacienda, del total de ingresos estimados, $21,43 billones (77,8%) corresponderían a ingresos corrientes; mientras que los $6,11 billones restantes (22,2%) saldrían de otros ingresos, principalmente rendimientos financieros.
En cuanto al gasto, el proyecto destina $25,93 billones (94,2% del total) a inversión, mientras que $964.000 millones irían al ahorro a través del Fondo de Ahorro y Estabilización, FAE, y del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet. Otros $643.000 millones se asignarían a la administración del sistema y al Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control, Ssec.
Dentro de la bolsa de inversión, la mayor partida sería la asignación para la Paz, con $7,59 billones; seguida por la inversión regional, con $7,28 billones. Por su parte, las asignaciones directas sumarían $5,37 billones; la inversión local, $3,21 billones; y Ciencia, Tecnología e Innovación, $2,14 billones.
La cartera detalló que una de las principales apuestas del proyecto será contribuir a la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, dentro de los límites que fijan la Constitución y la ley para el uso de las regalías. Entre las inversiones previstas para ese fin están obras de infraestructura vial, servicios públicos, vivienda e instalaciones comunitarias, con criterios de gestión del riesgo de desastres. No obstante, el documento no precisa cuántos recursos se destinarían para ello.
De otro lado, el documento del Ejecutivo plantea articular las regalías con la política de seguridad energética, de modo que el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables se armonice con la protección ambiental y social de los territorios. Además, propone concentrar los recursos en proyectos de mayor impacto y aumentar la eficiencia en su uso mediante la concurrencia de fuentes y las alianzas público-privadas.
El camino que le queda al proyecto
De acuerdo con el calendario fijado por ley, antes de la radicación ante el Congreso, el MinHacienda debió haber presentado el proyecto a la Comisión Rectora del SGR para que emitiera su concepto. Dentro de esta instancia participan el Departamento Nacional de Planeación, DNP, el ministerios de Minas y Energía, dos gobernadores y dos alcaldes designados por periodos de un año; así como un senador y un representante de las Comisiones Quintas, un congresista de la oposición y tres integrantes de grupos étnicos.
Ahora bien, ya radicado el documento, las Comisiones Económicas Conjuntas tienen plazo hasta el 15 de octubre para devolver el proyecto si no se ajusta a la Constitución o a la Ley 2056 de 2020. De darse, los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía deberán presentarlo de nuevo con los ajustes solicitados el 20 de octubre, con el objetivo de que las discusiones inicien en noviembre.
El Congreso tendrá hasta el 5 de diciembre para aprobarlo; pero, de no hacerlo, el Gobierno deberá expedir el presupuesto mediante decreto, con base en el proyecto radicado y las modificaciones aprobadas en primer debate.
Cabe recordar que el presupuesto del SGR es propio y no hace parte del PGN ni del Sistema General de Participaciones. A su vez, es bienal y de caja, por lo que el recaudo depende del precio del petróleo y los minerales, de la producción y de la tasa de cambio. Según la ley, al cierre de cada bienio, el presupuesto se ajusta al recaudo efectivo y los recursos recaudados que no alcanzaron a pagarse no se pierden, sino que se adicionan al siguiente presupuesto como disponibilidad inicial.
La distribución de los recursos está definida por el artículo 361 de la Constitución y el artículo 22 de la Ley 2056, los cuales estipulan que del total, 92,5% va a inversión, 4,5% a ahorro en el FAE y el Fonpet, y 3% a funcionamiento, que se divide entre fiscalización, operación y administración (2%9 y el Ssec (1%).
La porción de inversión se reparte así: 34% para la asignación regional, de la cual 60% va a los departamentos y 40% a las regiones; 25% para asignaciones directas, que incluye 5% de anticipadas; 15% para inversión local, con 12,68% para los municipios más pobres y 2,32% para grupos étnicos; 10% para Ciencia, Tecnología e Innovación; 7% para la Paz, hasta 2037; 1% para conservación ambiental, y 0,5% para Cormagdalena.
Sin embargo, la aprobación de los proyectos tampoco recae en un solo actor, teniendo en cuenta que los departamentos, municipios y corporaciones autónomas regionales deciden sobre sus asignaciones directas y parte de la inversión regional y local; al mismo tiempo que los seis Órganos Colegiados de Administración y Decisión, Ocad, regionales aprueban los recursos de la bolsa de regiones.
