El Tribunal Administrativo de Antioquia abrió un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo; el ministro de Hacienda, Germán Ávila; el director de la Adres, Félix Martínez, y varios interventores de EPS, por el presunto incumplimiento en el pago de deudas a la red hospitalaria de Medellín.
La decisión se conoce días después de que la Alcaldía de Medellín declarara la emergencia hospitalaria, en medio de una crisis financiera que afecta a clínicas y hospitales de la ciudad.
Crisis hospitalaria y millonaria deuda
El alcalde Federico Gutiérrez anunció la medida tras una reunión con directivos del sector salud, en la que se evidenció la gravedad de la situación. Según el mandatario, la deuda acumulada asciende a cerca de 8 billones de pesos.
Además, alertó sobre la presión en los servicios: la ocupación hospitalaria supera el 250 %, mientras que en urgencias sobrepasa el 150 %.
Incumplimiento de órdenes judiciales
El origen del incidente de desacato se remonta a un fallo del 11 de julio de 2025, en el que el Tribunal ordenó al Gobierno Nacional saldar las deudas con la red hospitalaria, tras una acción interpuesta por la administración distrital.
De acuerdo con la Alcaldía, el plazo fijado por la justicia no fue cumplido, lo que llevó a iniciar un primer trámite de desacato en febrero de 2026, que tampoco habría sido atendido.
Ante este panorama, el pasado 13 de abril la administración de Gutiérrez solicitó nuevas sanciones contra los funcionarios responsables, lo que derivó en la apertura del incidente conocido este martes.
Funcionarios e interventores vinculados
El proceso incluye, además de los ministros y el director de la Adres, al superintendente de Salud, Bernardo Camacho, y a los interventores designados por el Gobierno para varias EPS señaladas de incumplimientos en los pagos.
Entre ellos figuran representantes de entidades como Nueva EPS, Savia Salud, Coosalud y Sanitas.
El Tribunal otorgó un plazo de tres días a los involucrados para que respondan a los señalamientos, presenten pruebas y expliquen las razones del presunto incumplimiento.
Posibles sanciones
Según explicó el alcalde Gutiérrez, de comprobarse el desacato, los funcionarios podrían enfrentar sanciones que incluyen multas de hasta 50 salarios mínimos y arresto de hasta seis meses, sin perjuicio de eventuales investigaciones penales.
La evolución de este proceso será clave para determinar si se destraba la crisis financiera que afecta al sistema de salud en Medellín y el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno con la red hospitalaria.
