Después de una minuciosa investigación policial que incluyó interceptaciones telefónicas, fotografías satelitales y otros elementos de prueba, las autoridades lograron incautar propiedades pertenecientes a al menos 17 empresarios colombianos.
Estas empresas están bajo investigación en un caso transnacional que abarca dos procesos legales en Colombia: uno de naturaleza penal y otro de extinción de dominio, notificado el 18 de mayo pasado.
La confiscación de los bienes tuvo lugar en cinco departamentos de Colombia e incluyó barcos, un lujoso edificio en Cartagena, automóviles ostentosos, extensos terrenos, casas de veraneo y otros activos, con un valor total estimado en más de 1,3 billones de pesos.
Los empresarios están siendo acusados de delitos como concierto para delinquir, apropiación de hidrocarburos y falsificación de documentos privados. La investigación fue llevada a cabo por agentes de la Dijín, quienes descubrieron una operación criminal de gran envergadura que implicaba el robo de petróleo de los oleoductos.
Todo comenzó con el seguimiento de los misteriosos movimientos de buques petroleros con bandera panameña cargados en puertos de la costa Caribe y con destinos en Singapur, Ámsterdam y otros lugares de Asia y Europa. Estos barcos transportaban una carga mensual equivalente a un millón de barriles de petróleo colombiano, valorada en cerca de 10 millones de dólares, pero que no estaba registrada en los registros de exportación.
Según los investigadores, esta operación ilegal de hurto de petróleo involucraba a más de 20 camiones cisterna con capacidad para 12.000 galones cada uno. Estos camiones se cargaban con petróleo venezolano en diferentes ubicaciones de ese territorio, como Maracaibo, Cabimas y La Raya, para luego ser transportados a Colombia y mezclados con el petróleo obtenido ilegalmente del oleoducto Caño Limón-Coveñas.
