Al parecer las divisiones al interior de la Corte Constitucional, no sólo tienen que ver con la despenalización total del aborto en el país, en donde hubo empates de los magistrados para decidir, sino que también hay controversias con respecto al fallo que suspendió el uso del glifosato.
La sala de tutelas que tomó esa decisión estuvo conformada por los magistrados Cristina Pardo, José Fernando Reyes y Gloria Ortiz. Esta última dejó clara su posición en contra de la decisión mayoritaria en un salvamento de voto.
Para la magistrada, la Corte no debió tumbar el protocolo ambiental que permite el regreso de las aspersiones aéreas.
La magistrada dice además que la Autoridad Ambiental sí garantizó la participación de las comunidades en la construcción de ese plan, aunque las propias comunidades digan que no pudieron participar porque no tuvieron internet para conectarse a las audiencias virtuales que se hicieron en medio de la pandemia del coronavirus.
En ese sentido, el documento reza que “tanto las reuniones informativas como la audiencia ambiental se dieron de forma semipresencial y se garantizó la asistencia física en los lugares en los que fue viable, sumado a la transmisión por distintos medios para posibilitar la participación de las personas ubicadas en lugares que no tuvieron reuniones presenciales”.
La magistrada también señaló que esas audiencias públicas se transmitieron por medios de comunicación en los municipios donde las comunidades no tenían internet y tampoco podrían asistir por confinamiento de la covid-19.
“Las tres diligencias fueron transmitidas por el Canal 13 de televisión con apoyo de lenguaje de señas. Además, se transmitieron radialmente en 77 emisoras públicas y privadas con sintonía en los 104 municipios”, indica el documento.
Añade que: “no se demostró que las comunidades estuvieran ante la inminencia de sufrir un perjuicio irremediable, ni que el contenido de la Resolución produjera una afectación directa porque la reanudación de las aspersiones aéreas todavía requería del agotamiento de etapas posteriores y focalizadas de consulta y participación”.
Hay que tener en cuenta en medio de ese proceso la Corte recibió un pronunciamiento de las comunidades campesinas del Pacífico Nariñense, del Catatumbo (Norte de Santander) y de los municipios de Caloto, Cajibío y Piamonte en el departamento del Cauca.
Esas comunidades denunciaron que han sido víctimas de supuestos abusos por parte de la Fuerza Pública en los operativos que adelantan para la erradicación forzada en los que se incluye – en algunos casos- el uso del glifosato.
En medio de ese caso, la organización Dejusticia envió un concepto a la Corte en el cual dicen que esos operativos no cumplen con el acuerdo de paz, ni con la jurisprudencia sobre las normas expedidas en el fast track de los acuerdos.
