conoció el pronunciamiento que envió la Procuraduría al Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre las irregularidades detectadas en las elecciones del 13 de marzo. El documento de siete páginas lo envía el viceprocurador Silvano Gómez al alto tribunal, por cuenta de la acción popular que está en trámite y que pretende la suspensión del registrador Alexander Vega.
En el informe, el organismo de control disciplinario revela detalles sobre las 1.306 quejas que han sido evaluadas, las fallas que se han detectado y las deficiencias en el proceso electoral.
Las quejas que están en indagación
El documento advierte que, a la fecha, la Procuraduría ha recepcionado 2.069 quejas relacionadas con el proceso electoral del pasado 13 de marzo sobre inconvenientes con el aplicativo Infovotantes, que servía para que la ciudadanía supiera cuál era su puesto y mesa de votación; múltiples errores en el cumplimiento de las funciones públicas por parte de jurados de votación; indebido diligenciamiento de los documentos electorales, especialmente, el formulario E14; imposibilidad de ejercer el derecho al voto en el sitio donde se habían inscrito; quejas contra la organización electoral; presunto proselitismo; constreñimiento al elector; entrega de tarjetones sin las firmas de los jurados; diligenciamiento incompleto del certificado electoral; fraude electoral; queja contra funcionarios; impedimento de acompañante a personas con discapacidad; presunto traslado de votantes; tarjetones; verificación de suplantación de identidad; nación; presunto traslado de votantes; y problemas de orden público.
Sin embargo, dice la Procuraduría, de esas quejas han revisado o evaluado 1.306, produciéndose 1.207 inhibitorios, 70 indagaciones y 32 investigaciones disciplinarias, una de ellas, contra el registrador Alexander Vega, pues el 8 de abril se abrió investigación disciplinaria por parte del despacho de la viceprocuraduría.
Los errores detectados en los formularios E14
Sobre los polémicos formularios E14, los procuradores delegados para la vigilancia intervención de los escrutinios reportaron los siguientes inconvenientes con el diligenciamiento por parte de los jurados de votación: algunos no fueron diligenciados, ante lo cual las comisiones escrutadoras procedieron a realizar el respectivo conteo de votos; algunos formularios no fueron firmados por los jurados de votación; algunos llegaron a las comisiones escrutadoras con errores y tachones; el número de votos excedía el número de registro de mesa (E11) y no se había realizado la nivelación de la mesa por parte de jurados de votación; la necesidad de proceder al reconteo de votos en la medida que algunos de los E14 resultaban ilegibles o de difícil lectura de las cifras.
Adicionalmente, dice la Procuraduría, se advirtió que el diseño del formulario el 14 del Senado pudo tener incidencia en los errores a la hora de transmisión del preconteo, en cuanto a la ubicación del resultado de la mesa. En el caso de las listas cerradas, se ubicó de manera continua a los múltiples renglones previstos para registrar los resultados de las opciones del voto preferente. La Procuraduría también encontró errores de elegibilidad o ausencia de las cifras de los votantes en los formularios E14, se vieron reflejados en la transmisión de los datos, en la medida que, para este efecto, se utiliza el sistema vos a vos.
Las deficiencias en el proceso de escrutinio
Sobre el escrutinio nacional, dice la Procuraduría, asignaron cuatro procuradores delegados y cuatro funcionarios de nivel central para que apoyaran las labores de vigilancia. Se hicieron las siguientes observaciones: falta de capacitación para el día electoral y el trabajo de las comisiones escrutadoras; desconocimiento sobre el desarrollo de las etapas del proceso electoral; realizar observaciones concretas a la Registraduría sobre la deficiencia en los procesos de capacitación de los jurados de votación, testigos electorales y miembros de las diferentes, comisiones escrutadoras, presuntas irregularidades en el diligenciamiento de los E14 por parte de los jurados de votación, situación que generó compulsa de copias para ser investigada penal y disciplinariamente; presuntas irregularidades por parte de jurados de votación en relación a la entrega del material electoral, firma y llenado de los formularios del kit electoral al cierre de las votaciones, lo cual, dice la Procuraduría afectó los escrutinios y el cargue de la información por parte de la Registraduría.
Además, caída de la herramienta Infovotantes, tanto en la página web como en el aplicativo; presuntas situaciones de corrupción y constreñimiento al sufragante donde al parecer hubo ciudadanos ofreciendo dádivas al votante, así como posible compra de votos; Igualmente, se advirtió de casos de entrega de propaganda electoral en sitios cercanos a puestos de votación; presuntas irregularidades en la transmisión de datos muy posiblemente como consecuencia del diseño 14; falla de logística, así como de una infraestructura adecuada en los puestos de votación lo cual generó hacinamiento, inundaciones y se incumplió el protocolo de bioseguridad por el COVID; dificultad para el ingreso de testigos electorales y observadores internacionales del proceso electoral.
Las acciones que se pusieron en marcha para evitar que los errores se cometan en las próximas elecciones
Por las irregularidades presentadas en los comicios, dice el documento, la Procuraduría solicitó a la Registraduría y al Consejo electoral, informar sobre los planes de acción que permitirán eliminar o mitigar esas situaciones.
Sobre este tema, la Registraduría dice que algunas de las estrategias para solventar las situaciones presentadas son inscripción de cédulas para facilitar el registro de los ciudadanos; designación y capacitación de jurados de votación para que disminuyan los errores en el diligenciamiento; apartar a los jurados que alteraron resultados en las elecciones; cambiar composición de jurados de la mesa; rediseñar formulario E14; reforzar capacitación de jurados sobre el diligenciamiento E14; designación y acreditación de testigos electorales; fortalecer el servicio Infovotantes; preconteo y escrutinio. Sobre esto, dijo la Procuraduría que se le pidió a la Registraduría a llegar el cronograma para el cumplimiento de esas acciones.
Sobre el tema, el presidente del Consejo Electoral añadió que se están realizando actividades para garantizar el desarrollo del certamen electoral como informe de la Registraduría sobre plan de mejora y una ampliación del informe de auditoría sobre los comicios; servicio de apoyo a la gestión en la revisión; auditoría internacional; tribunales seccionales de garantía y vigilancia; financiamiento político; capacitación y fortalecimiento democrático.
Añade el documento que el pasado 11 de abril la procuradora Margarita Cabello invitó a las diferentes campañas presidenciales y vicepresidenciales a una mesa, la cual, se llevó a cabo el 19 de abril con el fin de escuchar y conocer inquietudes en relación con las garantías en los comicios. Como resultado de la mesa de trabajo, la procuradora dio a conocer a los magistrados del Consejo Nacional Electoral y al Registrador Nacional una síntesis de las principales solicitudes que son, principalmente, la designación y capacitación de jurados de votación, logística electoral, financiación de campañas, software y ayuda tecnológica, y una auditoría internacional.
La Procuraduría solicitó a la organización electoral la adopción de las medidas y decisiones tendientes a otorgar garantías necesarias para que las votaciones del 29 de mayo gocen de legitimidad necesaria.