La senadora del Centro Democrático anunció que demandará la normativa que permite la negociación colectiva por sectores y establece cuotas sindicales obligatorias para no afiliados.
Una fuerte tormenta política se ha desatado tras la publicación del Decreto 0234 de marzo de 2026 por parte del Ministerio del Trabajo.
La senadora Paloma Valencia calificó la medida como una entrega del control del sector productivo a las organizaciones sindicales, advirtiendo sobre las graves consecuencias que esto tendría para la economía nacional.
Los puntos críticos del Decreto
Según Valencia, el decreto introduce cambios estructurales que vulneran la autonomía privada y la libertad individual de los trabajadores. Entre las denuncias más destacadas por la congresista se encuentran:
Acceso a información sensible: Los sindicatos tendrían acceso a información financiera detallada y secretos empresariales bajo el nuevo marco de negociación.
Cuota sindical obligatoria: El artículo 2.2.2.7.9 del decreto estipula que los trabajadores no sindicalizados que se beneficien de acuerdos colectivos deberán pagar una cuota equivalente a la de los afiliados, sin posibilidad de renunciar a dichos beneficios.
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Negociación por niveles: La normativa impulsa la negociación colectiva unificada por sectores, lo que, según la senadora, obligará a todas las empresas de un mismo rubro a someterse a acuerdos generales, ignorando las realidades particulares de cada compañía.
“Esto va a acabar con el sector productivo. Los sindicatos se van a apoderar de las empresas”, afirmó Valencia a través de sus redes sociales.
¿Estrategia electoral?
Más allá del impacto técnico y económico, la senadora sugirió que existe un trasfondo político detrás de esta decisión administrativa. Valencia cuestionó si el Gobierno está utilizando este decreto para “comprar el apoyo de los sindicatos” de cara a las próximas contiendas electorales, mencionando específicamente una presunta incidencia en la campaña del senador Iván Cepeda.
Acciones legales en camino
La senadora fue enfática al anunciar que demandará el decreto ante las instancias correspondientes, bajo el argumento de que este viola flagrantemente la libertad de los trabajadores y desconoce la autonomía de las empresas.
Para los sectores gremiales y la oposición, este decreto representa una creación de un “impuesto privado” para enriquecer a las centrales obreras a expensas del salario de los trabajadores que eligen no participar en dichas organizaciones.
Por su parte, el Ministerio del Trabajo defiende la medida como un avance necesario en los derechos de asociación y cumplimiento de convenios internacionales de la OIT.
