La Procuraduría General de la Nación alertó sobre retrasos de hasta 800 días en la expedición de licencias y permisos ambientales por parte de 16 Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), según un informe presentado en la segunda Mesa de Alto Nivel del Sector Energético. El organismo de control señaló deficiencias administrativas, falta de criterios unificados y riesgo de posibles hechos de corrupción.
El documento, elaborado por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios, analizó 76 trámites en 34 CAR. De acuerdo con el informe, el permiso de aprovechamiento forestal fue el más demorado, con una incidencia del 46 % sobre el total de trámites evaluados.
Los tiempos de radicación oscilaron entre 390 y 696 días, lo que, a juicio del Ministerio Público, evidencia fallas estructurales en la gestión de los procesos. Entre las corporaciones que más trámites realizaron se encuentran CORTOLIMA (13), CORMACARENA (11) y la CRA del Atlántico (10), aunque se advirtió una falta generalizada de datos actualizados.
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Ante la situación, la Procuraduría propuso un paquete de medidas correctivas que incluye la creación de una ventanilla única para centralizar los procesos, la unificación de criterios técnicos y tiempos de respuesta a través de regulación, y la instalación de una mesa de trabajo con los directores de las CAR.
El órgano de control también anunció que prepara un informe con fines disciplinarios contra los responsables de las demoras injustificadas, al considerar que estas prácticas pueden constituir un riesgo de corrupción que afecta el avance de proyectos energéticos estratégicos para el país.
Según explicó la Procuraduría, la falta de uniformidad en los criterios técnicos aplicados por las CAR dificulta la implementación de proyectos de desarrollo y genera inseguridad jurídica. Además, la entidad concluyó que es necesario fortalecer los sistemas de información para garantizar la trazabilidad y transparencia de los trámites ambientales.
El informe fue presentado por instrucciones del Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, quien reiteró el compromiso del Ministerio Público con la protección del medio ambiente y el impulso a una transición energética eficiente y transparente.
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