El presidente Gustavo Petro radicó ante el Consejo de Estado el decreto transitorio con el que busca justificar técnicamente el incremento del salario mínimo para 2026, fijado en 23,7 %. El documento fue presentado públicamente en la Plaza de Bolívar, antes de que venciera el plazo de ocho días otorgado por el alto tribunal.
“Ahora tenemos el nuevo decreto del salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026. No lo echamos para atrás y se entrega al Consejo de Estado cumpliendo sus órdenes y acatando”, afirmó el mandatario.
El Gobierno sostiene que el aumento se fundamenta en estudios técnicos y en la interpretación del artículo 53 de la Constitución, que establece el carácter “vital y móvil” del salario mínimo. Según el Ejecutivo, este concepto implica no solo garantizar un ingreso suficiente para condiciones de vida digna, sino también ajustarlo periódicamente frente a las variaciones económicas y sociales.
La defensa del aumento
El decreto recoge los argumentos expuestos por el presidente y sus ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, y de Hacienda, Germán Ávila. En el documento se señala que el incremento responde a variables como la inflación, la productividad, el crecimiento económico, la canasta básica, la composición de los hogares y la evolución general de la economía.
El Ejecutivo argumenta que la fijación del salario mínimo no debe basarse únicamente en criterios económicos, sino también en principios de justicia social y progresividad de los derechos laborales. En ese sentido, plantea que el aumento busca armonizar la libertad de empresa con la protección del trabajo y la equidad en la distribución de los beneficios del desarrollo.
El alto tribunal había solicitado al Gobierno explicar cómo, en un contexto de inflación del 5,1 % en 2025, meta inflacionaria del 3 %, productividad de 0,91 % y crecimiento económico cercano al 3 %, se justificaba un incremento del 23 % para 2026.
Argumentos macroeconómicos y laborales
La Casa de Nariño defendió que la inflación se redujo de 13,3 % en 2022 a 5,1 % en 2025, mientras que la economía registró un crecimiento de 3,65 % al tercer trimestre de 2025, cifra que según el decreto supera el promedio de los países de la OCDE.
En materia laboral, el Gobierno destacó la reducción de la tasa de desempleo de 10,3 % en diciembre de 2022 a 8,0 % en diciembre de 2025, así como la generación de cerca de 791.000 empleos en el último año y 2,2 millones desde 2022, superando la meta del Plan Nacional de Desarrollo.
Con estos argumentos, el Ejecutivo mantiene la vigencia del incremento del 23,7 %, mientras el Consejo de Estado estudia de fondo la legalidad del decreto. Aunque diversos expertos han cuestionado la solidez técnica de la justificación, en distintos sectores existe consenso en que no sería conveniente modificar la cifra hasta que el alto tribunal adopte una decisión definitiva.
