El presidente Gustavo Petro anunció que firmará un nuevo decreto de estado de emergencia económica el próximo martes 24 de febrero, en medio de la crisis fiscal que enfrenta el país y tras la controversia por la suspensión de un decreto anterior por parte de la Corte Constitucional.
Según explicó el mandatario en su cuenta de X, la medida incluirá un nuevo gravamen dirigido al sistema financiero, mediante una sobretasa al impuesto de renta que pagan estas entidades, con el objetivo de aumentar los ingresos fiscales bajo el marco de la emergencia económica.
“Este crecimiento de las utilidades (de los bancos) no se debe al crecimiento económico real sino al alza de interés interno promovida por el Banco de la República. Poner un impuesto a estas ganancias extraordinarias se volvió pecado y es lo más justo que se pudiera hacer y es lo que va en el nuevo decreto de emergencia que voy a firmar mañana”, señaló el jefe de Estado.
Emergencia económica como herramienta fiscal
La figura de emergencia económica ha sido utilizada por el Gobierno para implementar reformas tributarias y ajustes fiscales con fuerza de ley en momentos en que no existe control político pleno del Congreso, como cuando se hunden proyectos de reforma o el Legislativo se encuentra en receso.
En diciembre de 2025 se expidió un decreto similar tras el rechazo de una reforma tributaria, aunque posteriormente fue suspendido de manera temporal por la Corte Constitucional.
Con este nuevo decreto, el Ejecutivo busca nuevamente recurrir a la emergencia para introducir gravámenes adicionales, incluida la sobretasa a las utilidades del sector financiero y, según análisis de expertos tributarios, un eventual impuesto al patrimonio para grandes empresas, con tarifas que podrían oscilar entre el 0,6% y el 1,2% sobre altos niveles de riqueza empresarial.
Debate sobre límites y control institucional
El uso de la emergencia económica para crear nuevas figuras tributarias ha abierto un debate sobre los límites institucionales y el alcance del poder ejecutivo.
Algunos sectores sostienen que esta herramienta debería reservarse para situaciones excepcionales e imprevisibles, y no para resolver diferencias fiscales entre el Gobierno y el Congreso, postura que ha sido llevada incluso a instancias judiciales.
Por su parte, el presidente Petro insiste en que las medidas son necesarias para enfrentar la crisis fiscal y que los recursos adicionales deben provenir de sectores con mayor capacidad contributiva, como el sistema financiero y las grandes empresas, con el fin de equilibrar las finanzas del Estado.
