Una onda de choque política sacude este viernes 20 de marzo de 2026 a la Casa de Nariño. Según una investigación revelada por el diario The New York Times, al menos dos fiscalías federales de Estados Unidos han abierto indagaciones penales contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
La investigación se centra en el presunto ingreso de fondos provenientes del narcotráfico a su campaña presidencial de 2022, la cual lo llevó a convertirse en el primer mandatario de izquierda en la historia del país.
Los puntos clave de la investigación
De acuerdo con el prestigioso diario neoyorquino, que cita a tres fuentes familiarizadas con el proceso, las pesquisas están siendo lideradas por las fiscalías de Manhattan y Brooklyn.
Reuniones bajo la lupa: Los fiscales investigan si Petro o miembros de su equipo mantuvieron reuniones con narcotraficantes antes de las elecciones.
Solicitud de donaciones: Se indaga si en dichos encuentros se solicitaron o aceptaron contribuciones económicas para financiar la carrera por la presidencia.
Agencias involucradas: El proceso cuenta con la participación activa de agentes de la DEA y del Departamento de Seguridad Nacional (HSI).
Contexto de alta tensión
La noticia llega en un momento de fricción diplomática sin precedentes. Aunque recientemente se confirmó que Estados Unidos le había devuelto la visa al mandatario hasta el final de su periodo, las relaciones con la administración de Donald Trump se han mantenido tensas.
El New York Times señala que, si bien las investigaciones están en una etapa temprana y no garantizan la presentación de cargos formales, podrían ser utilizadas como una herramienta de presión política. Por su parte, el presidente Petro ha negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo con el crimen organizado, calificando estas versiones como intentos de desestabilización.
¿Qué sigue para el mandatario?
Por ahora, la Casa Blanca se ha abstenido de dar declaraciones oficiales, y los fiscales neoyorquinos han mantenido el hermetismo habitual de los procesos en curso. En Colombia, el anuncio ha generado reacciones divididas entre la oposición, que pide claridad inmediata, y los sectores oficialistas, que denuncian una “persecución internacional”.
