Colombia atraviesa una de las crisis más delicadas de su sistema de salud en las últimas décadas. Lo que durante años fue un modelo con fallas estructurales, pero funcional en cobertura, hoy parece transitar hacia un escenario donde la incertidumbre, la burocracia y la improvisación pesan más que la atención oportuna de los pacientes.
Bajo el gobierno de Gustavo Petro, la intervención estatal a varias EPS —con la Nueva EPS como caso emblemático— se presentó como una medida necesaria para corregir distorsiones históricas. Sin embargo, en la práctica, los resultados han generado más preguntas que respuestas, y en algunos casos, consecuencias profundamente lamentables.
Nueva EPS: del rescate prometido al caos operativo
La intervención de la Nueva EPS debía marcar un punto de inflexión hacia la eficiencia y la humanización del sistema. No obstante, múltiples denuncias, fallos judiciales incumplidos y el aumento en las acciones de tutela reflejan un deterioro preocupante en la capacidad de respuesta institucional.
Casos como el del niño Kevin —que ha sido citado en el debate público como símbolo de fallas en la atención— han encendido las alarmas sobre la coordinación entre prestadores, la entrega de medicamentos y la autorización de tratamientos. Más allá de un caso particular, lo que inquieta es la percepción creciente de que los problemas no son aislados, sino estructurales.
Cuando una entidad intervenida no logra responder a las necesidades básicas de sus afiliados, el debate deja de ser técnico y se convierte en ético.
El respaldo político y la continuidad del modelo
El apoyo de figuras como Iván Cepeda a las reformas impulsadas por el Ejecutivo evidencia que no se trata de decisiones aisladas, sino de una apuesta política de largo alcance.
Desde esta perspectiva, la discusión no gira únicamente en torno a si el modelo anterior debía cambiar —algo que muchos expertos coinciden— sino en cómo se está ejecutando esa transformación. ¿Se está corrigiendo el sistema o se está reemplazando por uno que aún no demuestra capacidad operativa?
El aumento en las tutelas, las denuncias de retrasos en tratamientos y la incertidumbre de pacientes con enfermedades de alto costo sugieren que la transición no está siendo gestionada con la rigurosidad que exige un sector tan sensible como la salud.
Entre el discurso y la realidad
Pacientes que no reciben medicamentos a tiempo, citas aplazadas durante meses y tratamientos interrumpidos configuran un panorama donde la promesa de cambio choca con la realidad operativa.
Esta brecha entre lo que se anuncia y lo que se vive termina erosionando la confianza pública, un elemento fundamental en cualquier sistema de salud.
Una responsabilidad que no admite dilaciones
La salud no es un campo para ensayos fallidos ni para disputas ideológicas prolongadas. Cada decisión administrativa tiene consecuencias directas sobre la vida de las personas.
Por ello, más allá de posiciones políticas, el país necesita respuestas claras:
¿Quién asume la responsabilidad por las fallas actuales?
¿Qué medidas concretas se están implementando para garantizar continuidad en los tratamientos?
¿Dónde están los resultados medibles de la intervención?
El verdadero reto del gobierno de Gustavo Petro no es defender su modelo en el discurso, sino demostrar en la práctica que puede garantizar algo básico: que ningún colombiano vea comprometida su vida por fallas evitables del sistema.
La urgencia de corregir el rumbo
Colombia no puede normalizar la crisis en su sistema de salud. Las reformas son necesarias, pero su implementación exige planeación, capacidad técnica y, sobre todo, responsabilidad.
El debate no debería centrarse en ideologías, sino en resultados. Porque cuando el sistema falla, no son cifras las que se afectan: son vidas.
Y en ese terreno, no hay margen para la indiferencia ni para la improvisación.
