La Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación por la muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años que falleció el pasado 13 de febrero tras enfrentar complicaciones relacionadas con la hemofilia y la interrupción de su tratamiento.
La audiencia preliminar, en la que el ente acusador formulará imputaciones, está programada para el próximo 24 de agosto. La investigación se desarrolla por un presunto homicidio culposo relacionado con posibles fallas en la atención médica y omisiones en la garantía del tratamiento del menor.
Uno de los señalados es el médico que atendió a Kevin el 27 de enero de 2026. Según la Fiscalía, el profesional habría omitido ordenar de manera inmediata el suministro del medicamento profiláctico Emicizumab, utilizado para el tratamiento de la hemofilia.
También serán vinculados a la investigación el exagente interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Galves Mateus, y el exauditor Nelson Ramírez Plaza. Ambos son señalados de presuntas irregularidades relacionadas con la gestión necesaria para garantizar la entrega del medicamento y con la designación del auditor.
A la investigación también fueron vinculadas las exfuncionarias Jessika Pala Triana Sahastuy y Diana Macela Caballero Arias, quienes tenían responsabilidades relacionadas con el seguimiento del caso del menor.
El proceso de la Fiscalía se suma a las conclusiones presentadas el pasado 17 de marzo por la Procuraduría General de la Nación, organismo que señaló a la Nueva EPS por presuntas fallas en la atención que habrían contribuido a la muerte del niño.
Según el informe del Ministerio Público, uno de los principales problemas estuvo relacionado con la falta de entrega oportuna del Emicizumab, medicamento fundamental para controlar la enfermedad.
Kevin murió el 13 de febrero, después de sufrir un accidente en bicicleta que desencadenó una hemorragia asociada con su trastorno de coagulación.
El menor estaba afiliado al régimen subsidiado a través de la Nueva EPS. La Procuraduría estableció que la última dosis del medicamento había sido suministrada el 14 de diciembre de 2025, pese a que la prescripción contemplaba aplicaciones cada 28 días.
La entrega estaba a cargo de la IPS Medicarte, que suspendió el suministro a sus pacientes por falta de pago de la Nueva EPS y terminó su relación contractual con la entidad el 31 de diciembre.
Posteriormente, se gestionó el traslado del menor a la IPS Integral Solutions, a partir del 16 de enero de 2026. Sin embargo, de acuerdo con la Procuraduría, el nuevo prestador tampoco pudo asumir el tratamiento debido a la falta de recursos y a la ausencia de la documentación clínica necesaria.
El organismo de control señaló que la Nueva EPS mantenía una deuda superior a los $8.383 millones con Integral Solutions, con más de 150 días de mora.
Según el informe, la falta de pago y las dificultades para garantizar la continuidad de la atención provocaron la interrupción del tratamiento del menor hasta el momento de su fallecimiento.
La Procuraduría también cuestionó el manejo médico posterior al accidente. Kevin fue atendido inicialmente en una clínica del Huila y posteriormente trasladado por vía aérea a Bogotá, pese a que, según el organismo de control, en el departamento existían prestadores de alta complejidad.
La audiencia del próximo 24 de agosto será clave para establecer los cargos que la Fiscalía formulará contra los involucrados y avanzar en la investigación sobre las circunstancias que rodearon la muerte del menor.
