Un giro en el proceso judicial por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay ha generado controversia: el menor de edad que ejecutó el crimen fue reconocido como víctima dentro del expediente que se adelanta contra otros implicados en el magnicidio.
Los hechos se remontan al 7 de junio de 2025, cuando el adolescente disparó contra el entonces precandidato presidencial en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Antes del ataque, según su propio testimonio, había manifestado su intención: “Le voy a dar uno o dos en la cabeza y me voy”.
El menor aceptó su responsabilidad en el homicidio y, tras permanecer en el búnker de la Fiscalía, recibió una sanción de siete años. Sin embargo, en el desarrollo de las investigaciones posteriores, fue incluido como víctima en el proceso que se sigue contra Jhorman David Mora, señalado de reclutarlo para ejecutar el crimen.
Durante las audiencias de acusación, el adolescente participó a través de su defensa jurídica, argumentando su condición de víctima dentro de una estructura criminal que, según la Fiscalía, instrumentalizaba a menores de edad para cometer delitos.
De acuerdo con el ente acusador, Jhorman David Mora habría contactado al joven y lo vinculó a una organización dedicada a la comisión de homicidios y otros delitos. “Se encargaba de inducir menores de edad para la comisión de delitos, recibiendo dinero por cada uno”, señala el escrito de acusación.
Las investigaciones indican que el crimen fue planeado con antelación. El menor relató que identificó a la víctima a partir de una fotografía suministrada por los cabecillas de la red y que recibió instrucciones precisas sobre cómo ejecutar el ataque.
Testimonios recopilados por la Fiscalía, entre ellos el de Katherine Andrea Martínez, alias “Gabriela”, detallan que el arma fue modificada para disparar en ráfaga y que el menor fue instruido para utilizarla únicamente en el momento del atentado.
Asimismo, el adolescente aseguró que fue presionado por integrantes de la organización, entre ellos alias “el Costeño”, quien le advirtió que no podía desistir del plan y que su familia correría peligro si lo hacía.
Las autoridades también han documentado que la estructura criminal operaba mediante la captación de menores para ejecutar homicidios, especialmente en sectores como Engativá. Testigos señalan que esta red funcionaba como una “oficina de sicarios” con participación activa de jóvenes.
Pese a que inicialmente el menor afirmó no conocer la identidad de la víctima, posteriormente reconoció que, al momento de recibir el arma y las instrucciones finales, ya sabía que el objetivo era el senador.
La Fiscalía ha logrado al menos tres condenas mediante preacuerdos dentro de este caso. No obstante, el reconocimiento del menor como víctima ha generado debate jurídico, pues se sustenta en que fue reclutado y utilizado por una organización criminal.
Expertos en derecho advierten que esta condición podría tener implicaciones futuras, incluso en eventuales acciones legales contra el Estado, lo que ha intensificado la polémica en torno a uno de los casos más sensibles de los últimos años.
