Ayer se realizó la primera vuelta presidencial en Brasil, un país que llega al cambio de periodo de gobierno con más personas trabajando y una inflación menor que la de años anteriores, pero también con una deuda pública equivalente a 82,9% del PIB y una tasa de interés de 13,75%. Quien asuma la Presidencia tendrá que encontrar cómo sostener el crecimiento, aliviar la presión sobre los hogares y ordenar unas cuentas públicas cuyo déficit se acerca a 10% de la economía.
La mayor economía de América Latina presenta un panorama con avances y desafíos. El PIB creció 2,3% en 2025, la inflación interanual se ubicó en 4,22% en agosto de 2026 y la tasa de desempleo fue de 5,3% en el último reporte publicado en septiembre. Sin embargo, el costo del crédito y el aumento de las obligaciones del Estado limitan el espacio para impulsar nuevas inversiones.
Estas cifras son el punto de partida para entender la economía que encontrará el próximo gobierno. Aunque todavía pueden cambiar antes del comienzo del nuevo mandato, muestran que el desafío será mantener los avances en empleo e ingresos mientras se busca frenar el endeudamiento. La deuda pública es una de las mayores presiones. Al cierre de 2022 representaba 73,5% del PIB y en agosto de este año llegó a 82,9%, un incremento de 9,4 puntos porcentuales. Para dimensionarlo, el saldo de la deuda equivale a casi 83 de cada 100 reales que produce la economía brasileña en un año.
El problema también está en la diferencia entre lo que el sector público recibe y lo que gasta. El déficit fiscal, incluido el pago de intereses, alcanzó 9,48% del PIB en los 12 meses hasta agosto, frente a 4,68% al cierre de 2022. Esto significa que el desequilibrio más que se duplicó durante ese periodo. Los intereses explican buena parte de esa cuenta. El contexto económico recopilado para esta nota sitúa su peso alrededor de 9% del PIB, mientras que el déficit antes de pagarlos, conocido como resultado primario, ronda 0,6%. Así, incluso un esfuerzo por equilibrar los ingresos y los gastos corrientes enfrenta el costo de atender las obligaciones acumuladas.
Para el próximo mandatario, esto implica decisiones sobre el gasto, la recaudación y las prioridades del presupuesto. Destinar más recursos al pago de intereses reduce el margen para financiar infraestructura, educación, salud y otros programas sin recurrir a nuevas obligaciones. Además, modificar el presupuesto no es sencillo. Una parte importante del gasto está comprometida por normas y obligaciones, y varios pagos están vinculados directa o indirectamente al salario mínimo.
Por eso, cualquier cambio de fondo requerirá acuerdos con el Congreso y tendrá efectos sobre pensiones, ayudas sociales y otros ingresos de los hogares. El proyecto de presupuesto para 2027 plantea un superávit primario de 0,5% del PIB. En términos sencillos, la meta es que los ingresos superen los gastos antes de pagar intereses. Alcanzarla sería un paso para mejorar cuentas, aunque no eliminaría por sí sola la presión de deuda.
La otra cifra que atraviesa las decisiones económicas es la Selic, la tasa de referencia del Banco Central de Brasil.
En septiembre se ubicó en 13,75%, después de haber llegado a 15% en junio de 2025. La reducción acumulada desde ese nivel es de 1,25 puntos porcentuales, pero el financiamiento sigue siendo costoso.
Durante el actual periodo presidencial, la tasa bajó hasta 10,5% en mayo de 2024 y después volvió a subir.
La inflación, entretanto, ofrece una señal de alivio. La variación anual de los precios pasó de 5,13% en agosto de 2025 a 4,22% en agosto de 2026, una disminución de 0,91 puntos porcentuales.
También quedó por debajo de 4,44% registrado en julio de este año. La distancia frente a 2022 es aún mayor. En abril de ese año, la inflación llegó a 12,13%. Sin embargo, que el indicador haya bajado no significa que los productos hayan regresado a sus precios anteriores: significa que, en conjunto, se están encareciendo a un ritmo menor. Además, aunque 4,22% está dentro del límite superior de tolerancia de 4,5%, todavía supera la meta central de 3%. Esa distancia es relevante para las decisiones del banco central, que debe evaluar cuánto puede reducir los intereses sin generar nuevas presiones sobre los precios.
El empleo es uno de los principales respaldos de la economía. La tasa de desempleo de 5,3%, correspondiente al periodo terminado en agosto y publicada el 29 de septiembre, contrasta con un promedio cercano a 9% en 2022. El número de ocupados alcanzó un récord de 103,5 millones. También aumentó el ingreso medio real de los trabajadores, que el reporte sitúa en 3.777 reales (US$722,4). Tener más personas ocupadas y mayores ingresos ayuda a sostener las compras de los hogares, incluso cuando el crédito es caro.
Pero la calidad del empleo continúa siendo un reto. La informalidad afecta a 37% de los trabajadores. Por eso, el próximo gobierno deberá buscar que los avances en ocupación se traduzcan también en mayor estabilidad y protección laboral. En crecimiento, Brasil mantiene una expansión, aunque con menor velocidad. El PIB aumentó 3,2% en 2023 y 3,4% en 2024, antes de moderarse a 2,3% en 2025. La pérdida de ritmo fue de 1,1 puntos porcentuales entre esos dos últimos años.
Uno de los desafíos será extender ese impulso a más sectores. El agro y la industria extractiva acumulan expansiones de entre 25% y 30% desde finales de 2022, mientras que la manufactura se ha mantenido prácticamente estable. La inversión, por su parte, ronda 17% del PIB. La moneda es otra pieza de esta radiografía. En la cotización de compra suministrada para el 2 de octubre, antes de la primera vuelta, US$1 equivalía a 5,2192 reales. Al cierre de 2025, la misma serie registraba 5,4935 reales por dólar, por lo que se necesitaban menos reales para comprar la divisa estadounidense.
Exención del impuesto sobre la renta y ajustes en la jornada laboral
Las decisiones fiscales deberán convivir con compromisos sociales y tributarios. Entre las medidas está la exención del impuesto sobre la renta para ingresos de hasta 5.000 reales mensuales, con un alcance de alrededor de 15 millones de contribuyentes, junto con una tributación mínima de 10% para unos 140.000 contribuyentes de mayores ingresos. También seguirá sobre la mesa la discusión sobre la jornada de seis días de trabajo por uno de descanso. Cualquier modificación deberá considerar sus efectos sobre los trabajadores y los costos empresariales.
