La Fiscalía General de la Nación informó sobre la judicialización de Jefferson Sánchez Correa, conocido como alias ‘El Mono’, señalado como uno de los principales responsables del reclutamiento de menores de edad para estructuras armadas ilegales en el oriente del país.
Las investigaciones, adelantadas con apoyo de denuncias de comunidades indígenas y poblaciones vulnerables en los departamentos de Guaviare y Vaupés, permitieron establecer el presunto rol del procesado dentro del autodenominado frente Iván Ríos, vinculado a disidencias de las Farc.
Captación de menores en entornos educativos
De acuerdo con el ente acusador, Sánchez Correa habría perfilado y contactado a niños, niñas y adolescentes desde marzo de 2022, utilizando engaños, amenazas o aprovechando vínculos personales para facilitar su incorporación al grupo armado ilegal.
Según la investigación, el señalado identificaba a sus posibles víctimas en entornos escolares y comunitarios, donde analizaba sus condiciones personales y familiares antes de persuadirlos para integrarse a la organización.
Las autoridades indicaron que ofrecía supuestas remuneraciones económicas o ejercía presiones e intimidaciones para lograr que los menores abandonaran sus hogares.
Muertes de menores reclutados
Durante las labores investigativas se estableció que al menos dos adolescentes reclutados habrían fallecido en hechos violentos. Uno murió el 30 de marzo de 2025 durante un combate en el municipio de Solano, mientras que otro fue asesinado el 11 de agosto de 2024 en el sector de Cucurú tras abandonar una zona campamentaria.
Otros delitos atribuidos
La Fiscalía señaló que alias ‘El Mono’ también estaría implicado en la imposición de normas a comunidades, el cobro de pagos por supuestos incumplimientos y la planeación de homicidios selectivos y desplazamientos forzados.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó al procesado ante un juez de control de garantías, quien avaló la imputación por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, extorsión, desplazamiento forzado, financiación del terrorismo, reclutamiento ilícito y fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido.
El investigado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.
