El Instituto Nacional de Cancerología anunció la suspensión de la prestación de servicios de salud a los usuarios de Nueva EPS, luego de no lograr un acuerdo en las negociaciones contractuales entre ambas entidades.
A través de un comunicado, el instituto informó que la medida entra en vigencia a partir de este jueves 30 de abril y afecta la atención integral de pacientes oncológicos afiliados a la aseguradora. La entidad señaló que realizó todos los esfuerzos para garantizar la continuidad de los tratamientos, pero que la decisión final no dependía únicamente de su administración.
“El Instituto ha hecho todo lo posible para encontrar una solución que permita la continuidad del tratamiento de nuestros pacientes, pero desafortunadamente es una cuestión que no solo depende de las directivas del INC”, indicó la institución.
Ante esta situación, el centro médico pidió a los pacientes comunicarse directamente con Nueva EPS para recibir orientación sobre la continuidad de sus tratamientos. Además, reconoció la preocupación que puede generar la medida en usuarios y familiares.
Por su parte, el interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, aseguró que comprende la situación, pero cuestionó que no hubiera comunicación directa previa. Según explicó, asumió el cargo recientemente y ya existen pagos programados por parte de la entidad. “Jamás pensaríamos dejarlos sin recursos”, afirmó.
Ospina también hizo un llamado a fortalecer la articulación entre instituciones públicas y criticó la forma en que se dio a conocer la decisión, al considerar que afecta la confianza de los pacientes.
El Instituto Nacional de Cancerología es uno de los principales centros especializados del país en diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos del cáncer, con servicios en áreas como hematología pediátrica, dermatología, ginecología, urología y ortopedia oncológica.
Intervención y crisis en Nueva EPS
La decisión se produce días después de que la Superintendencia Nacional de Salud extendiera por un año más la intervención de Nueva EPS, ahora hasta abril de 2027. Con esta prórroga, Ospina se convirtió en el quinto interventor en menos de cuatro años.
El funcionario ha reconocido problemas estructurales en la entidad, como fallas en la información financiera, retrasos en pagos y pérdida de confianza con la red de prestadores. También anunció reuniones con clínicas y hospitales en departamentos como Caldas y Santander, donde se concentran mayores dificultades en la prestación del servicio.
En lo corrido del año, varias instituciones de salud han terminado sus contratos con Nueva EPS debido a deudas acumuladas. Además, un informe reciente de la Defensoría del Pueblo reveló que esta EPS encabezó el número de tutelas en 2025, con 63.176 casos, equivalentes al 23,3 % del total.
La misma resolución de la Supersalud advierte un aumento en las quejas de los usuarios, con una tasa de reclamos de 33,97 por cada 10.000 afiliados, por encima del promedio nacional. También se evidencian fallas en la entrega oportuna de medicamentos e insumos, así como la falta de información financiera actualizada, que no se reporta desde 2022.
Este nuevo episodio profundiza la crisis que enfrenta una de las principales aseguradoras del sistema de salud colombiano.
