Los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, fueron llamados a juicio ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Se trata de los primeros exintegrantes del gabinete del presidente Gustavo Petro en ser acusados formalmente dentro de este caso, que también involucra al Instituto Nacional de Vías.
Delitos imputados y acusación
Ante la Sala Especial de Primera Instancia, la Fiscalía General de la Nación acusó a los exfuncionarios por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
Según el ente investigador, Bonilla y Velasco habrían participado en una organización criminal orientada a asegurar mayorías en el Congreso para aprobar proyectos clave del Gobierno, como la reforma pensional y la reforma a la salud, además de operaciones de crédito internacional.
La Fiscalía sostiene que, para lograr estos objetivos, se habría comprometido el desvío de más de $612.000 millones mediante el direccionamiento de contratos y el pago de sobornos a congresistas.
Presunta red de corrupción
De acuerdo con la acusación, entre mayo de 2023 y febrero de 2024 los exministros se habrían concertado con otros actores para cometer delitos contra la administración pública.
El presunto esquema incluía acuerdos con congresistas para el pago de coimas y la asignación irregular de contratos a través de la UNGRD y el Invías.
En este entramado también figuran los exdirectivos de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes ya fueron condenados y han servido como testigos clave en la investigación.
Según la Fiscalía, los exministros “lideraron, promovieron y coordinaron” las acciones de la organización, incluyendo reuniones y gestiones internas para cumplir los compromisos adquiridos con congresistas.
Audiencia y situación judicial
La audiencia se llevó a cabo de manera virtual ante el despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera.
Bonilla participó desde su residencia en Bogotá, luego de recuperar la libertad por decisión del Tribunal Superior de Bogotá, mientras que Velasco intervino desde la Escuela de Carabineros de Cali, donde permanece en prisión preventiva desde diciembre de 2025.
Durante la diligencia, entidades como la UNGRD, el Invías y la Contraloría General de la República solicitaron ser reconocidas como víctimas dentro del proceso. Pese a la oposición de las defensas, el magistrado avaló su participación en el caso.
El proceso continuará en la Corte Suprema, que será la encargada de definir la responsabilidad penal de los exfuncionarios en uno de los mayores escándalos de corrupción recientes del país.
