Exmagistrado electoral, Luis Guillermo Pérez por tres décadas ha defendido los derechos humanos, ahora quiere anular la elección en que salió derrotado su candidato
Los cargos de representación en el Estado que ha tenido Luis Guillermo Pérez han sido por cuenta de su vocación de defensor de derechos humanos y su compromiso con el ejercicio de la profesión desde posturas de izquierda. Así llegó como cuota del Polo Democrático al Consejo Nacional Electoral y después pudo empalmar en un cargo clave en el recién elegido gobierno del Pacto Histórico. El presidente Gustavo Petro lo nombró superintendente del Subsidio Familiar, cargo en el que solo pudo desempeñarse dos años porque la Procuraduría los destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos en julio del 2024. Sin embargo su solidez como abogado litigante la aplicó para defenderse de la sanción y el nuevo Procurador Gregorio Eljach, muy recién llegado la revocó. sin embargo Pérez no regresó al cargo y siguió ejerciendo como abogado.
Desde esa condición acaba de radicar ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad a la elección presidencial de Abelardo de la Espriella con lo cual traslada el debate político al jurídico. Busca que la Sección Quinta del Consejo de Estado estudie la legalidad del proceso electoral y determine si las presuntas irregularidades denunciadas tienen suficiente peso para afectar la declaratoria de elección expedida por las autoridades electorales. La demanda también solicita la adopción de medidas cautelares mientras avanza el proceso.
Cuál es la base de la demanda contra la elección de De la Espriella
La demanda sostiene que durante el proceso electoral se presentaron irregularidades que ameritan la intervención del Consejo de Estado. Argumenta que la campaña de De la Espriella habría sobrepasado los límites del debate democrático y habría incurrido en violencia psicológica sobre los electores. Apunta también a la “incompatibilidad absoluta” para ejercer la presidencia, debido a su nacionalidad estadounidense, a la cual agregó no ha renunciado. Además, que utilizó símbolos nacionales y promovió una narrativa de confrontación permanente. En ese sentido señala que la campaña superó “el margen legítimo del debate” y se convirtió en una estrategia de incitación al odio.
Pérez es uno de los abogados más reconocidos dentro de la izquierda. lleva más de. tres décadas ha desarrollado una carrera vinculada a la defensa de los derechos humanos, el litigio constitucional y el derecho internacional. Abogado de la Universidad Nacional, con reconocido prestigio en la izquierda colombiana, integró el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), fue secretario general para las Américas de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y entre 2018 y 2022 ocupó una de las nueve magistraturas del Consejo Nacional Electoral, la encargada de vigilar y garantizar transparencia en los procesos electorales en Colombia.
Momento de alta tensión política
Corresponderá ahora a la Sección Quinta evaluar si el escrito cumple los requisitos legales para su admisión y, posteriormente, determinar si los hechos expuestos tienen la capacidad de afectar la validez de la elección presidencial.
Expertos en derecho electoral aseguran que la presentación de una demanda de nulidad no produce efectos automáticos sobre la elección. Mientras no exista una decisión judicial en firme, el acto de elección conserva plena validez jurídica y el presidente electo mantiene intactos los efectos derivados de su proclamación. Incluso si el proceso es admitido, el estudio de fondo puede extenderse durante varios meses debido a las diferentes etapas probatorias y procesales previstas en la legislación contencioso-administrativa.
La eventual solicitud de medidas cautelares también será objeto de un análisis independiente por parte del Consejo de Estado. Este tipo de decisiones son excepcionales dentro de la jurisdicción administrativa y requieren que los demandantes acrediten, de manera suficiente, la existencia de elementos que justifiquen una intervención anticipada del juez antes de dictar sentencia.
El caso, además, marca un nuevo capítulo en la creciente judicialización de las disputas electorales en Colombia. Cada vez con mayor frecuencia, las controversias derivadas de los resultados de las urnas terminan resolviéndose en los tribunales, donde los argumentos jurídicos sustituyen el debate político y las decisiones recaen en los jueces de la República.
Le puede interesar: El gran derrotado ayer, más que Cepeda, fue Petro. Y, además, resultó mal perdedor
