El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la eliminación permanente de la obligación que tenían las empresas nacionales de reportar información sobre sus verdaderos propietarios a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
La decisión fue anunciada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien argumentó que el requisito representaba una carga innecesaria para las empresas que operan legalmente en el país.
La medida pone fin a uno de los principales mecanismos de transparencia corporativa implementados durante los últimos años para facilitar a las autoridades la identificación de los beneficiarios finales de las compañías.
La obligación estaba relacionada con la Ley de Transparencia Corporativa, aprobada por el Congreso en 2021. La normativa entró en vigor en enero de 2024 y establecía que determinadas empresas debían informar quiénes eran las personas que ejercían un control sustancial sobre ellas o que poseían, directa o indirectamente, al menos el 25 % de la compañía.
La información era recopilada por FinCEN y podía ser utilizada por las autoridades para investigar delitos como lavado de activos, financiación del terrorismo y otras actividades financieras ilícitas.
¿Qué cambia con la nueva política?
Con la nueva disposición, las empresas estadounidenses dejan de estar obligadas a presentar reportes sobre sus beneficiarios finales. El Tesoro también indicó que eliminará la información previamente recopilada correspondiente a compañías nacionales.
Las empresas extranjeras que operan en Estados Unidos, en cambio, continuarán sujetas a determinadas obligaciones de información relacionadas con sus propietarios extranjeros. Sin embargo, ya no tendrán que identificar a ciudadanos estadounidenses vinculados con el registro de esas compañías.
El Departamento del Tesoro sostiene que las autoridades federales cuentan con otras fuentes de información para investigar a las empresas nacionales y que, por esa razón, mantener el requisito de reporte resulta innecesario.
La decisión ha generado posiciones encontradas entre legisladores, organizaciones empresariales y expertos en seguridad financiera.
