El rector al que casi matan por querer poner orden en un colegio de Nariño

El rector al que casi matan por querer poner orden en un colegio de Nariño

La agresión contra el rector Guillermo Soto expone la crisis en las aulas de Nariño, acosadas por la violencia, la cultura del atajo y la droga

Texto escrito por: Aníbal Arévalo Rosero

Con profunda indignación rechazamos la cobarde agresión sufrida por Guillermo León Soto Vinueza, rector de la Institución Educativa Divino Niño en Cumbal, Nariño. El ataque, atribuido preliminarmente a integrantes del mismo sector educativo, reviste tal gravedad que el directivo permanece internado con pronóstico reservado en una clínica de Ipiales.

Habitantes y miembros de la comunidad educativa de Cumbal han manifestado su total solidaridad con el rector agredido, haciendo un llamado urgente a resolver cualquier conflicto mediante la palabra. Defendiendo a las escuelas como refugios de paz, el municipio se ha movilizado a través de marchas, velatones y jornadas de oración para pedir por la pronta mejora del docente.

La violencia en las aulas no nace dentro del colegio: la escuela es una caja de resonancia de las dinámicas del territorio. Cuando una región vive dinámicas de violencia sistemática, precariedad, ruptura del tejido social o abandono institucional, las aulas terminan absorbiendo y reproduciendo esa misma carga.

La profesión docente atraviesa una dura crisis debido a flagelos como la violencia y el narcotráfico, los cuales envían un mensaje distorsionado sobre el esfuerzo y el progreso académico. Esta cultura del atajo lleva a que muchos jóvenes busquen resultados inmediatos, saltándose las etapas formativas de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), el manual de convivencia y la ley.

Hoy se prioriza el tener sobre el ser. Ya no importa el esfuerzo ni el mérito para obtener un título, sino exhibirlo a cualquier precio, incluso recurriendo al atajo. Esta descomposición social y la violencia misma se han enquistado en las aulas: estudiantes con bajo rendimiento buscan vengar su ineficiencia atacando al docente, respaldados por padres de familia que, tras perder la sensatez, se vuelven cómplices del incumplimiento de sus hijos. Así, descargan su frustración en el educador mediante mentiras, insultos y agresiones verbales o físicas.

Es recurrente ver a estudiantes evadir su responsabilidad culpando al profesor por sus exigencias o inventando excusas ante sus padres para encubrir la falta de compromiso. Esto evidencia a una generación de padres desprovista de herramientas formativas para orientar a sus hijos y transmitirles el valor fundamental del respeto al maestro. Esta brecha de disciplina ha alcanzado niveles preocupantes: hay jóvenes que ingresan con armas blancas a los planteles e intimidan de manera directa a los educadores al ser reconvenidos.

El microtráfico representa otra grave amenaza para las comunidades educativas. En los alrededores de los planteles se expenden diversas sustancias que alteran la conducta de los estudiantes, volviéndolos hiperactivos o agresivos. Entre ellas destaca el tusi o «cocaína rosa», un peligroso cóctel sintético que suele combinar ketamina, éxtasis y cafeína, capaz de desencadenar cuadros de euforia, ansiedad, taquicardia e hipertensión.


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Esta realidad exige la atención prioritaria de las autoridades educativas y policiales, pues se trata de un detonante directo de la violencia que hoy permea las aulas y pone en riesgo la integridad de los docentes.

Por otra parte, el uso compulsivo del celular encuentra sus raíces en la permisividad del entorno familiar. Con el fin de mantener a los hijos ocupados o resguardados en casa, muchos padres toleran jornadas interminables de videojuegos que opacan el proceso educativo y eclipsan la enseñanza del maestro. En este escenario, la tensión y la hostilidad estallan en el momento en que el docente interviene para restringir el dispositivo.

De este modo, la tragedia sufrida por el rector Guillermo León Soto Vinueza es el resultado de una convergencia de crisis sociales. Ante la incapacidad comunitaria de canalizar los desacuerdos a través del diálogo, la violencia se impone. Resulta prioritario que los planteles escolares se consoliden como escenarios de paz para salvaguardar la integridad de los maestros, cuyo rol se encuentra hoy injustamente desprotegido y vulnerado.

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