Hollman Ibáñez Parra no era magistrado titular. Era conjuez. Su voto, sin embargo, inclinó la balanza 6-4 en el Consejo Nacional Electoral y sacó a Iván Cepeda de la consulta interpartidista del 8 de marzo.
Ese fallo, basado en un argumento jurídico claro —quien ya participó en una consulta no puede inscribirse en otra dentro del mismo proceso electoral—, cambió el tablero.
Si Cepeda hubiera entrado a esa consulta, era el ganador lógico. Y si la ganaba, el Estado le habría reconocido una reposición de votos que, según los cálculos de esta redacción a partir de las tarifas aplicadas en 2026 y el volumen de sufragios que el Pacto Histórico movilizaba en ese momento, se habría acercado a los 20.000 millones de pesos.
Ese dinero no era abstracto: era financiamiento público que habría llegado justo cuando la campaña de izquierda necesitaba caja para sostener estructura, propaganda y maquinaria rumbo a primera y segunda vuelta.
Ese recurso no llegó. El fallo técnico de Ibáñez lo impidió. Lo que sí llegó después fueron las amenazas.
Ibáñez denunció mensajes contra él, sus hijos y su madre, incluida una que atribuyó al ELN declarándolo objetivo militar. Responsabilizó al entonces presidente Petro por haberlo expuesto con trinos y con su foto.
Cepeda, por su parte, anunció denuncia penal por prevaricato. El debate sobre si el conjuez debió declararse impedido por sus vínculos profesionales previos existe y está documentado. El argumento que usó para votar, en cambio, está en la ley.
Ese episodio no es historia cerrada. El martes 25 de agosto el Congreso en pleno elige a los nueve magistrados del CNE para el periodo 2026-2030. Esos nueve serán quienes resuelvan de ahora en adelante las campañas, las consultas, las reposiciones, las sanciones y, en última instancia, las reglas del juego electoral de las regionales.
Hay dos caminos posibles.
Uno: que las planchas que se voten el martes queden en manos de nombres afines al proyecto que Cepeda representó y que Petro impulsó. En ese escenario, el CNE volvería a ser un escenario de presión política más que de técnica electoral.
Dos: que los senadores y representantes voten con independencia y elijan planchas que privilegien legalidad, experiencia y distancia de los actores que hace seis meses pedían la cabeza del conjuez que aplicó la norma.
En ese caso, el tribunal electoral tendría mayores posibilidades de fallar con criterio jurídico y no con lealtad de trinchera.
Colombia ya vio lo que ocurre cuando el CNE se polariza. El voto de un conjuez en febrero evitó que una candidatura que ya había usado una consulta volviera a usar otra y se llevara el financiamiento asociado.
El martes se decide si esa lógica técnica se consolida o si se revierte.
Los nombres que salgan de esa sesión no son un detalle administrativo. Son quienes van a interpretar las mismas normas que Ibáñez aplicó cuando todavía era posible cambiar el rumbo de la campaña presidencial.
