El presidente convocó a mindefensa, minInterior, gobernador y alcaldes del Atlántico tras una semana marcada por homicidios y sicariato
Barranquilla amaneció este domingo con un consejo de seguridad que el presidente Abelardo de la Espriella convocó de manera urgente en la Escuela naval de Suboficiales, una reunión que arrancó pasadas las nueve y cincuenta de la mañana, a puerta cerrada, y se extendió durante buena parte del día. En la mesa estuvieron el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora; el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo; el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano; el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y los mandatarios de los municipios del área metropolitana: Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia. También asistió el general Norberto Mujica, subdirector de la Policía Nacional, quien había llegado a la ciudad un día antes junto al mayor general Ricardo Alarcón Campos, jefe nacional del Servicio de Policía, para encabezar las estrategias contra las bandas que operan en la región.
El motivo de la convocatoria era puntual: la seguridad en el Barranquilla. La semana anterior dejó una seguidilla de hechos que encendió las alarmas en toda la ciudad. El jueves 20 de agosto, en el barrio Las Nieves, una masacre dejó tres muertos, dos de ellos menores de edad, y un adulto herido; la Policía capturó a dos presuntos responsables y aprehendió a un menor de quince años. A eso se sumaron homicidios en Alameda del Río, en Caribe Verde y cerca del centro comercial Fedecafé, en una semana que dejó a Barranquilla con la sensación de que la criminalidad había ganado terreno.
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Dos días antes del consejo, el alcalde Char ya se había reunido con el ministro de Justicia, Iván Cancino, y con el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, por lo ocurrido en Las Nieves. Allí el alcalde pidió acciones inmediatas contra las estructuras criminales, en particular contra quienes estarían dando órdenes desde las cárceles para que se cometieran crímenes en la calle. Cancino respondió anunciando cero tolerancia frente al sicariato y la extorsión, y advirtió que perseguiría a los responsables sin importar dónde estuvieran, incluidos los pabellones penitenciarios desde donde, según las autoridades, se coordina buena parte de la violencia que hoy sufre la ciudad.
El consejo de este domingo tuvo como eje ese problema: el aumento de homicidios, sicariato y extorsión en el Atlántico, y en particular en el área metropolitana de Barranquilla, la ciudad que De la Espriella escogió como sede alterna de su Gobierno. Las autoridades revisaron la situación de orden público municipio por municipio y discutieron qué medidas adoptar de manera conjunta entre la Nación, la Gobernación y las alcaldías para frenar el avance de las bandas.
El refuerzo policial que llegó el sábado no fue casualidad. Antes del consejo, Mujica se reunió con Char en la sede en construcción de la nueva estación de Policía del barrio Rebolo, al sur de la ciudad, donde revisaron el estado de las obras y los planes para ampliar el pie de fuerza en los sectores más golpeados por la violencia.
El encuentro llega mientras varios medios empiezan a hacer cuentas sobre el plan de choque de 90 días que De la Espriella prometió en campaña y repitió tras su posesión. Ese plan tenía tres metas: destruir 330 mil hectáreas de coca, reducir a la mitad los homicidios en el país y capturar o dar de baja a diez cabecillas de alto valor del crimen organizado. De esas tres, dos todavía no tienen cifras oficiales verificables. La tercera, la de los cabecillas, va en uno de diez, cuando a estas alturas debería ir en dos, según el seguimiento de La Silla Vacía. De los nombres que De la Espriella mencionó de forma explícita en campaña, solo ha sido dado de baja alias el Ruso.
Lo de Barranquilla se suma a una serie de consejos de seguridad que el Gobierno ha convocado desde que De la Espriella llegó al poder: primero en Cali, horas después de su posesión, y ahora en el Caribe, en una ciudad que el propio presidente ha querido convertir en un punto de operaciones de su estrategia contra el crimen. Falta ver si lo decidido este domingo se traduce en resultados que se puedan medir, en una región donde, por ahora, las cifras oficiales van más lentas que las promesas de campaña.
