El presidente le pidió a la ministra revisar que las cámaras viales no sean un negocio en el país, como en Bogotá donde han recaudado $552.000 millones desde 2024
El presidente Abelardo de la Espriella respaldó este domingo, en un mensaje publicado en X, la decisión de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, de frenar la entrada en operación de tres nuevas cámaras de fotodetección en la Vía al Mar, el corredor que une a Barranquilla con Cartagena. Y fue más allá: pidió revisar el funcionamiento y la legalidad de todas las fotomultas del país.
La molestia venía creciendo desde hacía semanas entre conductores y gremios de la Costa, que cuestionaban la cantidad de radares proyectados para ese tramo y los cambios recientes en los límites de velocidad en algunos sectores. El plan original preveía siete puntos de control entre las dos capitales: cuatro ya en operación y tres autorizados para entrar a funcionar próximamente. Noguera pidió a la Agencia Nacional de Seguridad Vial suspender la puesta en marcha de esos tres últimos. Su argumento fue doble: la cifra resultaba excesiva para un solo corredor y existía un conflicto de competencias sobre quién debía autorizarlos.
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El sistema que hoy se cuestiona tiene un origen reciente en la memoria del país. Lo diseñó Hugo Zuluaga Giraldo, ingeniero antioqueño que en 1995 fundó en Rionegro la empresa Quipux, dedicada al desarrollo de software para la gestión del tránsito. Su compañía participó en la construcción de las fotomultas y en su integración con el Simit y el Runt, los sistemas que centralizan en Colombia la información sobre infracciones viales. Zuluaga murió el pasado 3 de abril en Punta Cana: una corriente marina lo arrastró mar adentro junto a sus dos hijos mientras estaban de vacaciones. Los menores fueron rescatados con vida; él no logró salir del agua a tiempo.
De la Espriella tomó la suspensión en la Vía al Mar como pretexto para un planteamiento más amplio. Insistió en que las cámaras deben existir para proteger la vida, no para operar como fuente de ingresos, y pidió mano dura donde se detecten sistemas pensados sobre todo para recaudar. El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, respaldó el planteamiento y mencionó a Bogotá como uno de los territorios donde el diseño de las fotomultas también merece revisión. Noguera respondió que el examen del funcionamiento y la legalidad de los dispositivos en todo el país arrancará de inmediato.
Bogotá pone en números el tamaño de la discusión. Entre 2024 y abril de 2026, el Distrito recaudó 552.000 millones de pesos con las cámaras de velocidad instaladas en la ciudad. El 60 % de esas multas se aplicó a vehículos que iban entre 56 y 60 kilómetros por hora, apenas por encima del límite que rige en buena parte de la malla vial capitalina. No son conductores a velocidades peligrosas: son quienes se pasan por un margen mínimo, la infracción que un radar detecta sin esfuerzo y que en la calle casi nunca termina en un comparendo.
Ni siquiera todo ese dinero se queda en seguridad vial. Uno de cada tres pesos recaudados paga la burocracia de los procesos legales derivados de las multas y el funcionamiento interno de la Secretaría de Movilidad, la entidad que administra el sistema. Ese dato es, en el fondo, el que sostiene la sospecha que tanto De la Espriella como Noguera pusieron sobre la mesa: un mecanismo diseñado para prevenir accidentes que termina, en la práctica, financiando su propia estructura administrativa.
La Alcaldía de Bogotá, mientras tanto, no ha frenado sus planes. Tiene previsto instalar nuevas cámaras en la calle 26, la avenida de las Américas y la NQS, tres de los corredores con más tráfico de la ciudad. El llamado presidencial a revisar los abusos y el plan distrital de sumar más puntos de control avanzan, por ahora, en direcciones opuestas. Todavía no hay respuesta oficial sobre si la revisión nacional anunciada desde la Presidencia terminará por alcanzar también a esos tres proyectos bogotanos.
