La Ministra de transporte hará realidad con una ley que debe aprobar el congreso los abusos sobrecostos trámites innecesarios para multas y cursos para conductores
Una de las estrategias del gobierno entrante es aliviar el bolsillo de los colombianos reduciendo la tramitología, la burocracia y los gastos extra que aquejan el presupuesto familiar. El pasado 31 de agosto, Elsa Noguera, MinTransporte, anunció que el incremento de $800 mil para sacar o refrendar la licencia de conducción había sido derogado.
Multas, patios y tramitología
Hoy, por orden directa del presidente Abelardo de la Espriella, la cartera comenzó a trabajar en un borrador para el Nuevo Código Nacional de Tránsito. Según Noguera, la directriz dada por el mandatario es actualizar la norma, que fue expedida hace más de 20 años. Además, ya tiene cinco reformas encima, que no han sido suficientes para reducir la accidentalidad ni para proteger la economía de los conductores
Según el gobierno entrante, no es apropiado que una multa de tráfico se convierta en una condena económica para una familia. En algunos casos, la multa supera el salario mínimo que ganan muchos de los infractores o, aún peor, los vehículos son llevados a los patios sin que el propietario tenga los recursos para recuperarlo.Por su parte, la ministra Noguera añadió que el objetivo del gobierno nacional es acabar con abusos, sobrecostos, trámites innecesarios y, de paso, proteger la vida en las vías del territorio nacional y en las calles y avenidas de ciudades y municipios.
La jefa de la cartera aseguró que los objetivos fundamentales de la actualización del Código de Tránsito son: tener multas y sanciones más justas, que estén en concordancia con la capacidad de pago de los dueños de carros y motos; reducir los cobros asociados al RUNT y el SIMIT; reducir el costo de los cursos de aprendizaje y, por último, ampliar la vigencia de las licencias de conducción y fijar plazos más razonables para la revisión técnico mecánica.
Además, se busca reducir la tramitología y acabar con las barreras que generan ineficiencias y costos excesivos para los ciudadanos. Noguera señaló que el Gobierno Nacional protegerá la vida en las vías y mejorará la seguridad vial. También garantizará que las sanciones y los trámites no se conviertan en negocios para afectar la economía de los colombianos.
Siguiente estación: el Congreso
El proyecto será presentado al Congreso de la República. Allí, se planteará la disminución del costo de las infracciones de tráfico hasta en un 50%. También buscarán una disminución en el valor de las licencias de conducción con un periodo de vigencia entre los 8 y 10 años.
Actualmente, la validez depende de si es carro particular o público. Está entre 1 y 10 años para vehículos particulares y entre 1 y 3 años para servicio público. Por otra parte, el trámite para moto o carro cuesta entre $1.400.000 y $1.900.000. La inscripción al RUNT, el curso, exámenes médicos y otros costos adicionales hacen que el proceso afecte el bolsillo de los conductores.
En cuanto a los cursos de conducción, la nueva norma plantea una disminución de 25% en los costos. De ese modo, se propondrán descuentos en las sanciones. Además, el Ministerio de Transporte buscará que haya una regulación para las cámaras de fotomultas. También revisarán de forma exhaustiva al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), así como el Sistema Integrado de Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), con el fin de acabar con dobles cobros y reducir costos.
Otro aspecto relevante de la intención de reforma de Código de Tránsito es la reducción de costos asociados a los servicios de grúas y de la permanencia de los carros en los patios. De paso, revisará y hará los respectivos ajustes a los costos y periodos de la revisión técnico mecánica para ampliar algunos plazos.
Una ley envejecida
La Ley 769 de 2002 del Código Nacional de Tránsito, expedido durante el Gobierno del expresidente Andrés Pastrana, ha tenido ya unas cinco reformas y cerca de una veintena de modificaciones en algunos de sus artículos.
Sin embargo, los cambios que se hicieron siguen estando lejos de la realidad económica de los colombianos. El presidente Abelardo De la Espriella aseguró que las reformas a las Normas de Tránsito se realizaron en los gobiernos de los expresidentes Álvaro Uribe. En 2006, por ejemplo, se hicieron ajustes en temas operativos y también en las funciones de los organismos de tránsito.
Cuatro años después, en 2010, durante el mandato del expresidente Juan Manuel Santos, se realizaron modificaciones relacionadas con multas de organismos de tránsito en los territorios para alcaldes y gobernadores en 2012. Los ajustes correspondieron a conducción de personas en estado de embriaguez y sus reincidencias, mientras que, en 2013 las sanciones para conductores ebrios pasaron a ser más estrictas.
Por último, durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, se realizaron dos reformas a la Ley 769. La primera en 2022 al iniciar el mandato sobre seguridad vial y habilitación de las licencias digitales, mientras que en 2023 las modificaciones de centraron en las escuelas de enseñanza y los órganos de apoyo al tránsito.
