Es es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas
He venido revisando con atención muchas de las intervenciones públicas de dirigentes del Pacto Histórico desde que dejaron el Gobierno. No me interesa hacer un inventario de declaraciones ni repetir el catálogo de errores de sus cuatro años en el poder. Lo que he buscado es otra cosa: observar qué permanece cuando esas intervenciones se miran en conjunto. Y esa lectura me ha llevado a una conclusión incómoda: el problema del Pacto Histórico no está solamente en lo que hizo con el poder, sino en la manera como ha construido explicaciones para justificar lo que hizo con él.
No hablo de personas buenas o malas ni atribuyendo una intención perversa a quienes militan en ese movimiento. Hablo de una cultura política: de una manera de mirar la realidad en la que la causa puede terminar teniendo más autoridad que el hecho y la pertenencia más peso que el juicio.
El propio Pacto Histórico se define en sus estatutos como una organización comprometida con la democracia, el pluralismo, los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la ética política. Hay, además, una expresión particularmente exigente: “coherencia entre el decir y el hacer”. Sus estatutos también reclaman el cumplimiento de la Constitución y las leyes y un comportamiento ético y coherente de sus militantes y estructuras.
Es desde esos principios, y no desde los míos, desde donde debe ser examinado.
Durante estos años hemos visto cómo determinados hechos pueden adquirir un significado distinto dependiendo de quién los protagonice. La corrupción del adversario confirma su naturaleza; la propia encuentra contexto. El fracaso administrativo se explica por las circunstancias. La violencia se interpreta a partir de las razones de quien la ejerce. La crítica puede terminar convertida en una maniobra contra el cambio.
Así se construye una inmunidad política: la causa termina funcionando como argumento de defensa.
Cuando una organización política logra que sus seguidores juzguen primero la identidad de quien actúa y después el acto cometido, algo esencial se modifica. La conciencia deja de ser un espacio independiente y comienza a responder a la pertenencia.
Eso es lo que me interesa de la banalidad del mal. No utilizarla para llamar perversos a los militantes de una organización, sino para señalar una posibilidad mucho más humana: que personas normales terminen aceptando, justificando o repitiendo conductas que, examinadas sin el filtro de la causa, merecerían otro juicio.
Una democracia necesita ciudadanos capaces de decir: esto está mal.
Si esa capacidad desaparece, la política puede conservar sus partidos, sus elecciones y sus discursos, pero pierde algo esencial: ciudadanos capaces de juzgar por sí mismos.
Durante el Gobierno del Pacto Histórico hubo suficientes episodios para observar esa dificultad. Sin embargo, la prueba más reveladora llegó cuando perdió el poder.
Gobernar permite esconder muchas cosas detrás de la administración cotidiana. Perder el poder revela la relación que una organización tiene con los límites.
Iván Cepeda reconoció formalmente el resultado electoral, pero distinguió entre reconocer el escrutinio y reconocer la legitimidad política de Abelardo De la Espriella. Posteriormente anunció una estrategia de “desobediencia civil pacífica” y planteó la posibilidad de determinar qué decisiones del nuevo Gobierno serían acatadas.
El 7 de agosto volvió a hablar de “desobediencia civil, resistencia y soberanía popular” y afirmó que no reconocía la legitimidad del nuevo mandatario.
Una oposición puede protestar, movilizarse, confrontar al Gobierno y ejercer todos los mecanismos constitucionales de control político. Eso es una democracia. Lo que merece ser analizado es otra cosa: ¿qué ocurre cuando el adversario llega al poder mediante las reglas aceptadas y, una vez conocido el resultado, se empieza a discutir su legitimidad política?
La democracia no consiste únicamente en tener la posibilidad de gobernar. También exige aceptar que el adversario puede gobernar y que las instituciones continúan siendo legítimas cuando el resultado nos favorece y cuando nos derrota.
Si una institución es legítima mientras sirve a mi proyecto y deja de serlo cuando lo limita, entonces la institucionalidad ya no es el principio.
El principio es mi proyecto.
Esa lógica puede aparecer en la izquierda, en la derecha o en cualquier movimiento que confunda su causa con el interés general.
También por eso importa el lenguaje. “Pueblo”, “resistencia”, “soberanía”, “transformación” y “desobediencia” son palabras legítimas. Pero pueden adquirir una función política distinta cuando empiezan a cambiar la percepción de los hechos. Una oposición puede presentarse como resistencia; una derrota puede adquirir el lenguaje de la injusticia histórica; una limitación institucional puede convertirse en “bloqueo”.
Cuando el lenguaje consigue que el adversario aparezca moralmente ilegítimo antes de que haya podido gobernar, la disputa política deja de ser solamente una confrontación de ideas.
Algo semejante ocurre con la ideología cuando se convierte en una explicación capaz de absorber cualquier resultado. Si se gana, la historia confirma la causa. Si se pierde, hay que encontrar una explicación externa. Si una institución ayuda, funciona. Si limita, está bloqueando.
Una doctrina que nunca admite la posibilidad de estar equivocada termina juzgando la realidad en lugar de dejarse juzgar por ella.
La experiencia del Pacto Histórico deja entonces una pregunta que trasciende al propio movimiento: ¿qué ocurre cuando una causa política comienza a decidir qué es verdad, qué es legítimo y hasta dónde pueden llegar las reglas?
No todos los integrantes del Pacto Histórico pensaran igual ni han actuado de la misma manera. Reducirlos a una caricatura moral no es sensato. Precisamente por eso la crítica debe dirigirse a la cultura política que se ha formado alrededor del movimiento y a la relación que esa cultura establece entre causa, poder, verdad y responsabilidad.
Una ideología puede convivir con la democracia mientras acepta que también puede equivocarse. Puede defender una transformación profunda y, al mismo tiempo, reconocer que existen límites que no puede atravesar. Puede sostener convicciones firmes sin convertir al adversario en enemigo moral.
Lo que no puede hacer, si pretende llamarse democrática, es reservarse para sí una medida distinta.
La corrupción debe conservar el mismo nombre cuando la cometen los propios. Los derechos humanos deben proteger a todas las víctimas, no solamente a aquellas que caben dentro de un relato político. Las instituciones deben ser respetadas incluso cuando contradicen una aspiración legítima. Y una derrota electoral no puede convertirse en una licencia para redefinir la legitimidad del vencedor.
La crítica al Pacto Histórico, por tanto, no consiste en pedirle que renuncie a sus ideas. Consiste en preguntarle si está dispuesto a someter esas ideas al mismo juicio que aplica sobre las ideas de los demás.
Porque una democracia puede soportar un mal gobierno. Puede corregir una mala decisión. Puede reemplazar a sus gobernantes.
Lo que resulta mucho más difícil de reconstruir es la conciencia de una ciudadanía que ha aprendido a justificar a los propios antes de juzgarlos.
Cuando una causa consigue que una persona deje de preguntarse si aquello que hace es justo y le enseña solamente a preguntarse si sirve a los suyos, la política ha dejado de formar ciudadanos y comienza a formar creyentes.
Hannah Arendt dejó una advertencia que conserva toda su fuerza:
“Nadie tiene derecho a obedecer.”
Ni al líder. Ni al partido. Ni siquiera a la propia causa.
También le puede interesar:
