Además de los 20 años de cárcel que paga, el político vallecaucano tiene predios embargados por $100 mil millones y un cobro de la Contraloría de $40 mil millones
La consigna de todos los exgobernadores del Valle aquel 7 de diciembre de 2015 era no pagar la pena fiscal impuesta cinco años atrás por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República como0 responsables de un multimillonario descalabro de la Industria de Licores del departamento.
Ese día, un equipo periodístico de Noticias Caracol -del que hacía parte del autor de este artículo- los visitó, uno a uno, en sus casas y lugares de trabajo para averiguar por qué razón todos ellos encabezaban la lista de responsables fiscales elaborado por ese órgano de control por la prolongada mora de una deuda que, según el fallo 001 de 2012, comenzó a correr el 20 de febrero de ese año.
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El exmandatario Héctor Fabio Useche fue el único que recibió de buena gana a los reporteros. Lo hizo mientras atendía a sus pacientes en su consultorio odontológico de un sector del sur del Cali. “Me encanta que me hayan encontrado aquí, trabajando, porque estoy embargado e ilíquido y no podría pagar durante las próximas tres generaciones los más de $ 6.879 millones que me están cobrando injustamente”.
El camarógrafo dudó en grabar la escena, pero el propio Useche le pidió permiso a la paciente que atendía en ese momento. “Si yo me hubiera quedado con el dinero que la Contraloría me está cobrando no tendría necesidad de estar trabajando aquí, casi doce horas diarias ni de cobrar cada consulta en efectivo para poder tener a la mano del mercado”, explicó.
Los demás contestaron con evasivas, desde balcones o detrás de las puertas o remitieron a los periodistas a hablar con sus abogados, tras preguntarles quién les daba derecho para actuar como si fueran ‘chepitos’ o para someterlos a un escarnio.
Por extraño que parezca, un año después el ejercicio fue repetido sin los mismos resultados: nadie abrió las puertas y solo un abogado respondió a nombre de dos ellos en una oficina situada en edificio alto de la Plaza de Cayzedo. Lo único que no había cambiado es que todos los requeridos seguían figurando en la lista de responsables fiscales, sin que la Contraloría hubiera podido cobrarles un solo peso.
Aquellos episodios volvieron a la memoria hoy, más de diez años después, a raíz de la decisión del presidente Abelardo De la Espriella de trasladar al exgobernador Juan Carlos Abadía Campo de la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Cali a una celda común en la cárcel de Villanueva.
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Abadía no fue condenado penalmente por el caso de la licorera. La Corte Suprema de Justicia lo sentenció, en febrero de 2024, a 21 años y siete meses de prisión por peculado en un contrato que firmó el 29 de enero de 2010 para dotar de bibliotecas escolares a diez municipios del departamento.
Lo que ha pasado con la deuda
El exmandatario sigue apareciendo en el boletín de responsables fiscales por *dos fallos de la Contraloría por el contrato de distribución de la Industria Licorera del Valle con la Unión Temporal Comercializadora Logística Integral S.A. de 2008 a 2010.
El fallo de primera instancia lo condenó a pagar exactamente $6.879.876.162, mientras que el de segunda instancia, ya consolidado, fijó el monto global en $40.000 millones contra él y otros 16 exfuncionarios por la prórroga de ese contrato, aumento de la comisión del distribuidor del 4% al 8% y entrega de 3 millones de botellas para promoción sin cobrar impuestos.
Abadía no se resignó. Combatió la decisión a través de una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado y pidió una medida cautelar de suspensión provisional.
La suspensión fue inicialmente concedida porque el Consejo de Estado comprobó que la Fiscalía había decidido no adelantar acción penal por los mismos hechos. Así, el fallo quedaba sin efectos provisionalmente y Abadía no tenía que pagar.
Sin embargo, la Contraloría no se quedó de brazos cruzados y apeló. La suspensión fue levantada. Con ponencia de la magistrada María Elizabeth García, la Sección Primera revocó la medida cautelar. La tesis fue que lo penal y lo fiscal son de naturaleza distinta y pueden tener valoraciones diferentes.
Desde ese momento la sanción volvió a estar vigente mientras se decide de fondo la legalidad del proceso fiscal. La Contraloría le embargó bienes y cuentas por más de $107 mil millones en otro expediente conexo, pero al estar el proceso en litigio ante lo contencioso, el boletín lo sigue reportando como deudor fiscal hasta que haya sentencia definitiva o pago efectivo. Ambas cosas parecen hoy improbables.
