La sede diplomática fue creada en 2024 y permaneció sin prestar servicios. Sin embargo, durante nueve meses tuvo una cónsul que recibió más de 153.000 dólares en pagos, según la información conocida.
El Consulado de Colombia en Tijuana, México, fue creado mediante decreto en noviembre de 2024, durante el Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, pese a su creación oficial, la sede nunca llegó a entrar en funcionamiento, aunque durante nueve meses contó con una funcionaria designada para ocupar el cargo de cónsul.
Se trata de la abogada Maryory Ecinedth Pabón Gavilán, quien, entre el 20 de enero y el 30 de octubre de 2026, recibió más de 153.000 dólares, equivalentes a aproximadamente 483 millones de pesos colombianos. De acuerdo con la información divulgada, esta cifra incluye 20.338 dólares destinados a viáticos y transporte de menaje doméstico.
A los pagos de la funcionaria se suma una obligación pendiente por concepto del arrendamiento de la oficina 202 del edificio Torela Corporativo, en Tijuana, inmueble destinado a albergar la sede consular.
El 30 de septiembre, la Embajada de Colombia en México recibió un requerimiento de pago por el alquiler del inmueble. La situación generó sorpresa entre los funcionarios diplomáticos. Al día siguiente, según informó Caracol Radio, la Dirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la existencia de un contrato de arrendamiento, pero señaló que no había una asignación presupuestal para cubrir ese compromiso.
Posteriormente, el 6 de octubre, la Embajada solicitó a la entonces cónsul una copia del contrato de arrendamiento y un informe sobre las condiciones del negocio. No obstante, de acuerdo con la información conocida, no recibió respuesta. Días después, Pabón presentó su renuncia.
Los compromisos pendientes no se limitarían al alquiler. En un comunicado fechado el 17 de agosto y dirigido a la comunidad colombiana de Baja California, la funcionaria habría mencionado obligaciones relacionadas con un arquitecto encargado de las adecuaciones del inmueble, los responsables del diseño y la imagen institucional del consulado.
Una sede que nunca prestó servicios
Uno de los aspectos que más llama la atención del caso es que el consulado nunca atendió al público. A finales de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México consultó informalmente al Gobierno colombiano sobre el proyecto, del cual no tenía noticias desde que había concedido su anuencia para ponerlo en marcha.
Mientras tanto, los trámites consulares de los colombianos residentes en Tijuana y en el estado de Baja California continuaban siendo atendidos desde el Consulado de Colombia en Ciudad de México.
Frente a las circunstancias, la entonces canciller Rosa Villavicencio, quien firmó el nombramiento de Pabón en enero de 2026, explicó a Caracol Radio que, al asumir el cargo, encontró el proceso en marcha y recibió instrucciones para realizar la contratación.
La exfuncionaria defendió la posibilidad de designar al cónsul antes de la apertura de la sede, argumentando que su presencia permitiría adelantar los trámites necesarios para ponerla en funcionamiento.
Según su explicación, el inmueble fue seleccionado en junio, pero el proceso sufrió retrasos. Posteriormente, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones presidenciales, el nuevo secretario general de la Cancillería decidió dejar el proyecto en suspenso hasta la llegada del siguiente gobierno.
Otro elemento que genera interrogantes está relacionado con la acreditación diplomática. Documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México indican que la anuencia para el nombramiento de Pabón fue concedida el 27 de marzo, es decir, dos meses después de que comenzara a recibir pagos por el cargo.
Finalmente, Pabón manifestó a Caracol Radio que no estaba autorizada para entregar declaraciones a los medios de comunicación. También aseguró que conserva los documentos correspondientes a su gestión y que los entregaría cuando recibiera autorización.
El caso deja interrogantes sobre la planeación administrativa, la asignación presupuestal y los compromisos económicos adquiridos para una sede diplomática que, pese a haber sido creada oficialmente, nunca llegó a prestar servicios.
