Una jueza de control de garantías, un funcionario judicial y una abogada fueron capturados en el marco de una investigación por un supuesto acuerdo económico de $1.200 millones que, presuntamente, buscaba favorecer a un ciudadano neerlandés requerido en extradición por narcotráfico.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la investigación está relacionada con una solicitud de hábeas corpus presentada en junio de 2026 a favor de Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, ciudadano de Países Bajos requerido por las autoridades para responder por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.
Las autoridades investigan la posible participación de la jueza Miriam Alcira Martínez, el funcionario judicial Waldo Garavito Mejía y la abogada Emperatriz Herrera Cuenca en un presunto acuerdo para obtener la libertad del extranjero.
Investigan presunta entrega de dinero
Según los elementos recopilados por la Fiscalía, el 4 de junio la abogada habría acudido al despacho de la jueza para concretar el supuesto acuerdo. Ese mismo día, presuntamente, se habría entregado una suma de $600 millones en efectivo, equivalente a la mitad del monto investigado.
El ente acusador señaló que la funcionaria judicial no habría tenido competencia para resolver la solicitud de hábeas corpus. Posteriormente, el 18 de junio, otro funcionario judicial revocó la decisión, por lo que el ciudadano neerlandés continuó privado de la libertad mientras avanzaba el trámite de extradición.
Proceso judicial en curso
Las capturas se hicieron efectivas el martes 27 de octubre en Bogotá y Cota, Cundinamarca, por servidores de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, según la información entregada por la Fiscalía.
Tras las audiencias preliminares, la fiscal encargada del caso formuló imputación por el delito de prevaricato por acción contra la jueza, de acuerdo con el reporte suministrado.
La investigación busca establecer las circunstancias en las que se habría presentado el supuesto acuerdo y la posible responsabilidad de los involucrados.
Los señalamientos hacen parte de una investigación penal y deberán ser esclarecidos ante la justicia, con respeto por la presunción de inocencia y el derecho de defensa de las personas vinculadas.
