Utilizan un mismo patrón de victimización simulada en supuestos delitos de género para obtener beneficios económicos, despojar bienes inmuebles y silenciar a sus críticos. Un modus operandi que convierte el sistema judicial colombiano en herramienta de presión y lucro personal. Sus victimas de falsas denuncias son periodistas, médicos, servidores públicos y autoridades judiciales que caen en su red de extorsión judicial
Por: Unidad de Investigación Periodística Independiente
Actualizado con registros oficiales del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación y denuncias penales recientes. Durante más de una década, las hermanas Ana María González Olaya (abogada, c.c. 1.144.029.718) y Marcela González Olaya (c.c. 1.143.863.650), junto con su madre Rosalía Olaya Pimentel, han desplegado un esquema sistemático que explota el sistema penal colombiano.
Lo que aparentan ser denuncias legítimas de violencia o delitos sexuales revela, al revisar los expedientes del SPOA y las denuncias cruzadas, un patrón repetitivo: simular victimización para obtener medidas de protección rápidas, presionar acuerdos económicos, desalojar propietarios legítimos y apoderarse de bienes ajenos.
El análisis de más de 20 noticias criminales asociadas principalmente a Ana María González Olaya muestra que la mayoría de los casos terminan inactivos, archivados o sin imputación, mientras que las afectaciones a terceros —periodistas, médicos, familiares y empresas— son documentadas y persistentes.
Marcela González Olaya complementa el esquema con acciones directas de despojo inmobiliario y extorsión. Rosalía aparece como testigo recurrente que otorga credibilidad a los relatos.
El Brazo Legal: Ana María González Olaya y la Saturación de Querellas
Ana María, abogada con tarjeta profesional, lidera la ofensiva judicial. Los registros del SPOA evidencian un uso intensivo de delitos contra el honor (injuria y calumnia) y fraudes procesales, aprovechando el procedimiento abreviado de la Ley 906 para saturar fiscalías y juzgados.
Injuria y calumnia como armas principales
En la Noticia Criminal 760016000199202454253 (vigente desde octubre de 2024), denuncia injuria contra Sandra Milena Perdomo Galindo y el abogado Alejandro Penilla Rodríguez por supuestas imputaciones falsas de falsedad documental durante una audiencia disciplinaria.
El relato menciona sesiones de poligrafía, tutelas y derechos de petición para obtener información confidencial. En la Noticia 763646000177202414313 (inactiva) acusa calumnia por los mismos hechos. En la Noticia 760016000199202339454 (inactiva desde 2023) ella misma aparece como indiciada por injuria, lo que muestra que también enfrenta acusaciones similares.
Acoso instrumentalizado en el sector salud
Uno de los casos más ilustrativos es la Noticia 760016000193201805170 (inactiva desde 2018). Ana María denuncia violación de datos personales y acoso contra el médico Francisco Pío Barona Useche.
Según el relato, durante una consulta por estreñimiento crónico y estrés postraumático (asociado a un supuesto abuso sexual denunciado años antes en Bogotá), el galeno conoció detalles íntimos de su historia clínica —incluida una enfermedad de transmisión sexual tratada cuatro años atrás.
Posteriormente, una mujer que se identificó como pareja del médico la llamó acosándola y revelando información confidencial. El caso se archivó sin imputación. Este expediente encaja en el patrón denunciado por varias víctimas: asistir a consultas médicas para luego imputar acoso sexual o violación, buscando acuerdos económicos o compensaciones.
Fraudes procesales y falsedades documentales
La Noticia 760016000199202423368 (activa) la presenta como víctima de falsedad ideológica en documento público. La Noticia 760016000199202418601 (activa) denuncia fraude procesal. En 2015 (Noticia 760016000193201503290, inactiva) alega acceso abusivo a sistemas informáticos y hackeo de cuentas para alterar pruebas en procesos contra terceros.
Otros antecedentes incluyen una denuncia por acceso carnal violento archivada en 2017 contra el periodista Antonio Morales por falta absoluta de pruebas, y querellas por hurto en obras de construcción cuando actuaba como apoderada de empresas (ej. Noticias 760016000193201334536 y 760016000193201334530, ambas inactivas).Marcela González Olaya:
Extorsión, usurpación y despojo inmobiliario
Marcela opera en el terreno práctico, enfocándose en bienes inmuebles. Su caso más documentado es la denuncia penal presentada en agosto de 2025 por el periodista Gustavo Rugeles contra ella por extorsión agravada y usurpación de bien inmueble agravada.
El caso de la casa en Chía (Cundinamarca)
Rugeles narra en una denuncia que se investiga en el Gaula de la Policía y en la Fiscalía que, tras convivir con Marcela, reunió $365 millones (anticipos de pauta publicitaria, préstamos y ahorros personales) para comprar una casa en el Conjunto San Miguel San Valentín, Chía.
El acuerdo era registrar la propiedad como patrimonio familiar inembargable a nombre de Marcela para proteger al núcleo familiar, dada la situación de embargos que enfrentaba Rugeles.
En la Notaría 52 de Bogotá (escritura pública No. 983 de 2025), Marcela cambió abruptamente su posición: lloró, alegó maltrato y exigió que la casa quedara exclusivamente a su nombre, amenazando con denunciar violencia intrafamiliar.
Posteriormente cortó comunicación, envió más de 80 correos exigiendo que Rugeles abandonara la vivienda y logró una medida de protección en la Comisaría de Familia de Chía que lo desalojó. En audiencia del 24 de julio de 2025 admitió verbalmente que su objetivo era “que él se fuera de la casa”. Rugeles denuncia que sus pertenencias fueron arrojadas a la calle y que Marcela instaló a su madre Rosalía y a su hermana Ana María en la propiedad.
Otros antecedentes inmobiliarios
En la Noticia 760016000193201746648 (inactiva desde 2017) aparece como víctima junto a Ana María en un caso de perturbación de la posesión contra una familiar, delimitando espacios en una propiedad. Se le investiga por suplantar funciones en conjuntos residenciales (como San Miguel San Valentín) para facilitar subarriendos ilegales y estafas.
Rosalía Olaya Pimentel: El testigo que da credibilidad
Rosalía actúa como testigo recurrente en varios relatos, otorgando aparente solidez a las narrativas. En el caso de Chía se trasladó a vivir a la casa tras el desalojo de Rugeles, participando activamente en el aseguramiento del bien.
Impacto en la libertad de prensa, la ética médica y la seguridad jurídica
El clan explota el estigma social de las acusaciones de género y violencia para silenciar a periodistas (caso Rugeles), médicos (caso Barona) y propietarios legítimos. Las medidas de protección se obtienen con rapidez y se usan para desalojos y apropiaciones. La reiteración de casos archivados o inactivos sugiere litigancia temeraria y abuso procesal.
Los expedientes del SPOAT, las denuncias cruzadas y los testimonios coinciden en un patrón: simular victimización para instrumentalizar el sistema judicial, obtener provecho económico y despojar bienes.
La Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura enfrentan el reto de sancionar esta conducta antes de que cause daños mayores a la fe pública y a la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Nota editorial: Esta investigación se basa exclusivamente en documentos oficiales de las Fiscalía, denuncias penales formales y relatos consistentes de las víctimas. Se intentó contacto con las involucradas sin respuesta. Se respetan los principios de veracidad, equilibrio y presunción de inocencia hasta sentencia en firme.
Análisis de Psiquiatría Forense: expresiones y rasgos de comportamiento
Rosalía Olaya Pimentel
La expresión de la madre muestra una gesticulación exagerada y una mirada desafiante. Desde la psiquiatría forense, esto podría interpretarse como una actitud histriónica y proyectiva.
El uso de las manos y la apertura bucal sugieren una tendencia al descontrol verbal y a la confrontación, rasgos comunes en núcleos familiares donde se normaliza el conflicto como herramienta de negociación o defensa.
Marcela González Olaya: Presenta una mirada fija, gélida y una sonrisa asimétrica apenas perceptible. Este “aplanamiento afectivo” aparente, combinado con una mirada depredadora, es característico de personas con rasgos antisociales o psicopáticos. Denota un alto nivel de cálculo y frialdad, lo que coincide con las acusaciones de orquestar tramas complejas, como estafas agravadas en bienes raíces, sin mostrar remordimiento aparente.
Ana María González Olaya: La imagen captura una mueca de llanto o desesperación que, analizada bajo la lupa forense, carece de la micro-expresión de tristeza real (músculo corrugador superciliar). Parece ser un “llanto instrumental” o manipulativo, utilizado frecuentemente para simular victimización en procesos judiciales de abuso o violencia. Es la representación de la indefensión impostada para lograr un beneficio jurídico.
