La Fiscalía General de la Nación anunció que no suspenderá las órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo hasta verificar el cumplimiento de los requisitos legales relacionados con el avance del proceso de paz adelantado con esa estructura criminal.
Aunque la fiscal general, Luz Adriana Camargo, firmó una resolución aceptando colaborar con el traslado de 29 integrantes del grupo armado a las denominadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), el ente investigador aclaró que las medidas judiciales seguirán vigentes mientras no se compruebe el cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos.
Órdenes de captura seguirán vigentes hasta junio de 2026
En un comunicado emitido este 12 de mayo, la Fiscalía indicó que las órdenes de captura permanecerán activas hasta el próximo 25 de junio de 2026, fecha establecida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para el inicio formal de las Zonas de Ubicación Temporal.
“De acuerdo con la fecha definida en la Resolución OCCP No. 120, 25 de junio de 2026, es a partir de este día y no antes, que empiezan los efectos de la inmunidad de tránsito y permanencia de las personas del EGC en las ZUT, así como la suspensión de las respectivas órdenes de captura”, señaló el ente acusador.
La medida responde a la solicitud presentada por la Oficina del Comisionado de Paz, dirigida por Otty Patiño, en el marco de los diálogos con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo.
Alias “Chiquito Malo” sigue requerido en extradición
La Fiscalía también confirmó que dentro del listado de 29 personas incluidas en el proceso figura Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, máximo cabecilla del Clan del Golfo.
Sin embargo, recordó que el jefe criminal continúa requerido en extradición por Estados Unidos y que ya existe un concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Fiscalía verificará identidad, situación judicial y cumplimiento de compromisos
El ente investigador señaló que actualmente adelanta la verificación de la identidad y situación jurídica de cada una de las personas incluidas en el listado remitido por el Gobierno nacional.
La revisión contempla la existencia de órdenes de captura nacionales, solicitudes de extradición y la información disponible sobre la presunta pertenencia de estas personas al Clan del Golfo.
Según la Fiscalía, la información entregada hasta ahora por el Gobierno “permite conocer el compromiso de ingreso de algunas personas a las ZUT, pero no permite verificar todavía el contenido de los acuerdos de paz, su cumplimiento efectivo ni el universo de integrantes que quedaría bajo control institucional”.
Asimismo, el organismo advirtió que la verificación no puede depender exclusivamente de la información entregada por miembros del grupo armado.
“La verificación debe ser realizada por autoridades del Estado mediante un mecanismo claro, trazable y verificable de identificación, movilidad y permanencia”, precisó la entidad.
La entrega de armas y el cese de actividades ilegales serán claves
La Fiscalía explicó que entre los aspectos que serán evaluados se encuentran los avances en la desarticulación de las estructuras armadas, la suspensión de conductas violatorias del Derecho Internacional Humanitario, la entrega de menores reclutados, la ubicación de personas desaparecidas y la entrega de armas.
En ese contexto, el ente investigador sostuvo que las Zonas de Ubicación Temporal deben ser entendidas como una herramienta para facilitar la desmovilización y el sometimiento a la justicia, y no como una autorización general de movilidad para los integrantes del grupo armado.
“La ZUT debe entenderse como un medio para facilitar la desmovilización, el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento del grupo, no como el punto final del proceso ni como una habilitación general de movilidad”, concluyó la Fiscalía.
La medida también fue remitida al Ministerio de Defensa y a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA).
