La Nueva EPS, la aseguradora más grande del país, permanece en un limbo jurídico y administrativo tras el vencimiento de su intervención sin que exista una decisión oficial sobre su continuidad.
En este contexto, la Superintendencia Nacional de Salud confirmó que el futuro de la entidad aún está en evaluación por parte del Gobierno nacional.
“Frente a Nueva EPS, el tema está siendo evaluado jurídicamente por la Presidencia, en conjunto con la Superintendencia ad hoc, con el fin de adoptar las medidas administrativas que correspondan”, señaló la entidad.
Un vacío sin precedentes
La situación se agudizó desde la medianoche del 3 de abril de 2026, cuando expiró la prórroga de la intervención decretada en 2024, sin que se renovara la medida ni se emitiera un acto administrativo que la levantara formalmente.
Esto ha generado un escenario inédito: la EPS quedó sin interventor tras la salida de Luis Óscar Gálvez, mientras que la superintendente ad hoc —clave en el proceso— se encuentra fuera del cargo por motivos médicos.
De acuerdo con el procedimiento, una nueva prórroga requería un concepto técnico que debía ser remitido al Ministerio de Salud, encargado de expedir el acto administrativo. Sin embargo, ese proceso no se ha concretado.
Crisis estructural en curso
El limbo institucional ocurre en medio de una crisis que se ha profundizado desde antes de la intervención en abril de 2024.
La Nueva EPS, que atiende a más de 11 millones de afiliados, enfrenta un deterioro financiero, operativo y administrativo que pone en riesgo la prestación de servicios.
Entre los principales problemas se destacan:
- Falta de estados financieros claros desde hace dos años
- Más de 518.000 quejas registradas en 2025
- Más de 120.000 tutelas sin trámite en canales de atención
A esto se suma el impacto en la red hospitalaria, con clínicas y hospitales que han suspendido servicios o terminado contratos por falta de pago.
Casos como la Clínica Avidanti, la Clínica San Rafael y la Clínica Primavera evidencian cierres de servicios y restricciones en la atención.
Según el sector, la cartera de la EPS podría superar los 5 billones de pesos.
Incertidumbre total sobre su futuro
A la crisis financiera se suma la inestabilidad administrativa. Desde el inicio de la intervención, la entidad ha tenido múltiples cambios de dirección, lo que ha dificultado implementar estrategias de recuperación.
El exministro de Salud Augusto Galán advirtió que el país enfrenta un escenario sin precedentes, en el que ni siquiera es claro el estatus jurídico de la EPS.
La ausencia de una decisión formal —ya sea para prorrogar o levantar la intervención— mantiene a usuarios, prestadores y autoridades en un estado de incertidumbre que impide tomar medidas de fondo.
Mientras tanto, el análisis jurídico en la Presidencia continúa sin plazos definidos. Tampoco hay claridad sobre el camino a seguir: una nueva prórroga, el levantamiento de la intervención o un cambio en el modelo de administración.
