Una investigación publicada por El Tiempo ha desatado reacciones de preocupación en distintos sectores del país, al revelar el presunto uso de más de 31 billones de pesos en contratos directos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Según el informe, estos recursos habrían sido ejecutados a través de asociaciones público-populares, una figura incluida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que posteriormente fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional al considerar que vulneraba principios de transparencia en la contratación pública.
De acuerdo con la información obtenida mediante un derecho de petición a Colombia Compra Eficiente, durante la actual administración se han firmado 80.736 contratos con organizaciones como asociaciones comunales, juntas de acción comunal, cabildos indígenas y resguardos. El reporte señala que, en algunos casos, estas entidades tendrían vínculos con bases políticas del oficialismo.
Las cifras detalladas indican que se habrían invertido más de 25 billones de pesos en contratos con asociaciones comunales; más de 2 billones con consejos comunitarios; más de 1 billón con resguardos; más de 700.000 millones con cabildos; cerca de 6.900 millones con juntas de acción comunal; y más de 382.000 millones con cabildos indígenas.
El informe también advierte que una proporción significativa de estos contratos no aparece como finalizada. Por ejemplo, de los más de 55.000 contratos con asociaciones comunales, solo una fracción figura como terminada, situación que se repite en otras categorías.
La publicación ha generado reacciones en el ámbito político. El senador Jorge Enrique Robledo cuestionó el uso de estos recursos y advirtió sobre posibles riesgos de corrupción. En redes sociales, otros líderes de opinión también han planteado inquietudes sobre las prioridades del gasto público y han sugerido posibles implicaciones electorales.
La controversia surge en medio de un ambiente político tenso, marcado por el inicio de la campaña presidencial de 2026 y por cuestionamientos al papel del Ejecutivo en asuntos electorales. Diversos sectores han hecho un llamado a los organismos de control para que revisen estos hechos y garanticen la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
