Nuevos documentos relacionados con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) habrían puesto al descubierto una serie de presuntas irregularidades que involucran operaciones de inteligencia, posibles intervenciones en los sistemas de la Registraduría Nacional y actuaciones relacionadas con el proceso electoral de 2026.
De acuerdo con documentos conocidos en las últimas horas, la DNI habría solicitado información detallada del censo electoral de la Registraduría antes de las votaciones de la primera vuelta presidencial.
La información, revelada por una unidad investigativa, hace referencia a un supuesto operativo de inteligencia que habría tenido como propósito afectar el desarrollo del proceso electoral.
Uno de los nombres que aparece en los informes es el de Carlos Andrés Oyola Tovar, quien presuntamente habría recibido instrucciones para vulnerar los sistemas informáticos de la Registraduría y alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2026.
Los documentos también mencionan posibles actividades de espionaje a expresidentes, así como presuntas irregularidades en procesos de contratación y adquisición de equipos tecnológicos.
¿Quién es Carlos Andrés Oyola Tovar?
Según la información conocida, Oyola Tovar estuvo vinculado a la Dirección Nacional de Inteligencia desde febrero de 2024.
Entre las funciones que le habrían sido asignadas, de acuerdo con los informes de la administración actual, estaría la coordinación de activistas digitales, bodegueros y hackers.
También se mencionan supuestas reuniones con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.
Uno de los aspectos más llamativos del expediente es que Oyola habría tenido una orden de captura expedida por un juez el 7 de mayo de 2026, tres semanas antes de la primera vuelta presidencial. Pese a ello, habría continuado vinculado a la DNI hasta el momento de su detención.
De acuerdo con la información divulgada, habría permanecido evadiendo a las autoridades durante aproximadamente seis meses.
Su historial también incluiría anotaciones judiciales por violencia intrafamiliar, en 2022, y una investigación por un presunto intento de fraude informático junto con su hermano gemelo, Cristian Oyola, en 2023. Este último caso habría sido conocido por la Fiscalía en Neiva, sin que, según la información publicada, la investigación prosperara.
Investigación por presunta manipulación de sistemas universitarios
Otro de los procesos que aparece en los antecedentes de Oyola corresponde a una investigación iniciada en 2023 por los presuntos delitos de acceso abusivo a un sistema informático, falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.
Según la investigación divulgada, habría intervenido los sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) para modificar sus calificaciones, obtener el título de una especialización en Gestión Pública y aprobar una maestría en Gobierno y Políticas Públicas.
Este caso estaría relacionado con la captura que se hizo efectiva el pasado 6 de noviembre.
Los informes también señalan que, durante su permanencia en la DNI, Oyola presuntamente habría intervenido sistemas informáticos de entidades estatales para permitir el acceso de personal de contrainteligencia a diferentes bases de datos.
La información habría sido almacenada en una nube y posteriormente se habría perdido, situación que habría motivado su traslado al área de Tecnología.
Posteriormente, presuntamente se le habría encargado liderar una red destinada a atacar los sistemas de la Registraduría Nacional para modificar los resultados de las elecciones del 21 de junio.
Los documentos también indican que, antes de una primera vuelta electoral, Oyola habría recibido información sobre un allanamiento que realizaría el CTI en un apartamento utilizado como fachada de la DNI. El funcionario habría abandonado el lugar antes de la llegada de los investigadores, dejando computadores, celulares y otros dispositivos que actualmente estarían en poder de la Fiscalía.
El proyecto de inteligencia que nunca se entregó
Otro de los hallazgos aparece en un informe remitido a la Presidencia en septiembre de 2026.
En el documento se menciona la participación de Oyola en un proyecto para desarrollar el Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC), versión II, plataforma en la que debían quedar registradas las actividades y operaciones de la entidad.
Sin embargo, el sistema nunca habría sido entregado. Según la explicación conocida, el funcionario habría manifestado que fue víctima del hurto del equipo de cómputo en el que desarrollaba el proyecto.
El informe advierte que no se habría presentado denuncia ante la Fiscalía ni existirían registros de sanciones internas por el incumplimiento.
Presunto espionaje a expresidentes
Los documentos también hacen referencia al Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, mediante el cual se habría delegado a la DNI la asignación de vehículos destinados a los expresidentes.
Según el análisis de la actual administración, esta decisión podría haber excedido las funciones de la entidad y habría abierto la posibilidad de ejercer controles de inteligencia sobre las personas protegidas.
El informe de empalme de julio de 2026 también menciona una presunta estrategia para presionar a la nueva administración de la DNI y lograr el reintegro de funcionarios cercanos al anterior Gobierno.
De igual manera, se señala que el 18 de junio de 2026 habría ocurrido una salida coordinada de varios funcionarios mediante declaratorias de insubsistencia que, según el documento, carecerían de justificación y garantías de debido proceso.
La sospecha de un malware de origen ruso
Otro de los aspectos que genera preocupación es la posible instalación de un programa malicioso en los equipos tecnológicos de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Los informes señalan sospechas sobre una eventual participación del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR), que presuntamente habría entregado computadores y teléfonos celulares a agentes que recibieron capacitación en ese país.
La hipótesis plantea que los dispositivos habrían ingresado a Colombia con el propósito de infectar los sistemas informáticos de la DNI.
Ante esta situación, el informe recomienda realizar una inspección forense inmediata de los equipos de la entidad.
Contratos y compras bajo cuestionamiento
Los documentos también advierten sobre varias adquisiciones realizadas durante el Gobierno de Gustavo Petro que habrían generado un impacto negativo en el presupuesto de la DNI.
Entre ellas figura la compra de un helicóptero no tripulado por un valor de 9.000 millones de pesos, adquisición que el informe califica como presuntamente sobrevalorada.
Además, la aeronave habría presentado fallas simultáneas en sistemas críticos, lo que habría impedido su utilización efectiva. El 15 de marzo sufrió un siniestro y, según la información divulgada, únicamente estaba asegurada por el 10 % de su valor, equivalente a 900 millones de pesos.
Otro contrato cuestionado es el número 053 del 7 de octubre de 2022, por 580 millones de pesos, destinado a adquirir un sistema de identificación biométrica, dactilar, facial y de iris. La plataforma no habría podido implementarse debido a incompatibilidades con los equipos de la entidad.
También se menciona el contrato 043 de 2024, mediante el cual se adquirieron 595 computadores por aproximadamente 1.314 millones de pesos. Los equipos habrían presentado fallas y, según el informe, no contarían con las características técnicas propias de equipos corporativos.
Finalmente, se cuestiona un contrato de mobiliario firmado el 30 de enero de 2026 por 1.549 millones de pesos. Entre los elementos adquiridos figurarían 10 atriles, con un costo individual de 14 millones de pesos, y camas de 18 millones de pesos para la nueva sede de la DNI en Funza, Cundinamarca.
A estas observaciones se suma la no renovación del contrato con el proveedor del sistema de registro de misiones de trabajo, decisión que habría dejado a la entidad sin una herramienta para consultar y registrar adecuadamente las operaciones.
Los señalamientos contenidos en estos documentos deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.










