El gigante Greenberg Traurig fue escogido por el presidente de Pdvsa Héctor Obregón para legalizar acuerdos con las petroleras que regresan y que llegarán con Trump
El presidente de la poderosa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Héctor Obregón Pérez ha sobrevivido por el momento a la caída de Nicolás Maduro quien ahora comparece ante la justicia norteamericana desde una cárcel de alta seguridad en Nueva York. Formaba parte de la cúpula del régimen, igual que los hermanos Rodríguez quienes se quedaron con el gobierno y fue puesto en el cargo por Maduro en agosto del 2024. Sin embargo, igual que la presidente encargada Delcy Rdríguez debe marcharle al compás de Washington para sostenerse en el cargo:ahora Trump anunció un acuerdo para adueñarse de 65.000 millones de barriles venezolanos “más que duplica las reservas petroleras estadounidenses”.
La firma escogida para regularizar los nuevos contratos con las siete que ya han mostrado sus intereses en regresar o invertir en Venezuela es el bufete norteamericano Greenberg Traurig, uno de los mayores bufetes de abogados del mundo con 3.100 abogados y 2.400 profesionales en 51 oficinas en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Asia y Oriente Medio. Por decimocuarto año consecutivo ingresos récord cercanos a USD 3.000 millones en 2025,. Es octava en Estados Unidos y su director ejecutivo es Brian L. Duffy.
El despacho es uno de los bufetes con mayor influencia política en Washington y mantiene desde hace décadas una estrategia de relacionamiento bipartidista, aunque históricamente ha tenido una presencia especialmente fuerte entre administraciones republicanas. Entre esos beneficiarios está John Cornyn y los texanos Greg Abbott y Dan Patrick. Donald, Trump, no aparece en la lista, aunque abogados de la firma tienen vínculos con personas cercanas a él.
Contar con un bufete ampliamente reconocido entre reguladores, congresistas y administración tiene para Pdvsa un valor estratégico porque necesita estructurar acuerdos que deberán desenvolverse en un entorno influenciado por las decisiones de Washington, desde licencias del Departamento del Tesoro hasta eventuales modificaciones al régimen de sanciones.
Entre las multinacionales del petróleo que ya han mostrado interés en operar los grandes yacimientos venezolanos está Chevron que quiere ampliarse en la Faja del Orinoco, la española Repsol, la italiana Eni interesada en el gas de Cordon IV, la inglesa BP que regresa por petróleo y gas, y Shell con la mira en el gas. Los dos nuevos inversionistas son las gringas Hunt Overseas Oil Company y Crossover Energy Holding.
Contratos contrarreloj
La contratación responde a una necesidad concreta. Tras años de deterioro institucional, salida de personal especializado y complejas sanciones internacionales, Pdvsa no está en capacidad de negociar con todos los interesados al tiempo.
El momento de la contratación no es casual. En enero de 2026 entró en vigor una reforma al marco legal venezolano de hidrocarburos que abrió mayores posibilidades para la participación privada en el sector, creando una intensa carrera para cerrar acuerdos antes del vencimiento de plazos regulatorios previstos para agosto de 2026.
El bufete podrá redactar contratos, estructurar operaciones y garantizar que los acuerdos cumplan con los requisitos legales y regulatorios tanto de Venezuela como donde operan los potenciales inversionistas. Con ello se da vía libre al ingreso de capital extranjero a proyectos de exploración, producción y recuperación de campos petroleros.
En este momento el bufete también tiene entre manos la representación en el prolongado litigio judicial contra la minera canadiense Crystallex que demandó a Venezuela por expropiar sus minas de oro en el país y ganó un fallo judicial por unos USD 1.200 millones. Su trayectoria cubre América Latina y maneja arbitraje internacional que es clave para Venezuela debido al elevado número de litigios derivados de expropiaciones, incumplimientos contractuales y disputas con inversionistas extranjeros durante los gobiernos de Hugo Chàvez y Nicolás Maduro.
La contratación de Greenberg Traurig por parte de Pdvsa envía una señal al mercado internacional. Un bufete tan prestigioso reduce parte de la incertidumbre jurídica que históricamente ha rodeado las inversiones en Venezuela. Aunque la firma no elimina los riesgos políticos ni regulatorios, sí ofrece mayores garantías de que los contratos estarán estructurados conforme a estándares internacionales y contemplarán mecanismos para resolver eventuales controversias.
El presidente de Pdvsa en su laberinto
El presidente de Pdvsa, que Delcy ratificó en abril y tiene en sus manos los contratos, está sorteando un tema que ha trascendido internacionalmente: los ingresos por petróleo. Sobre ellos no hay claridad ni en Washington ni en Caracas y tras la captura de Nicolás Maduro, los ingresos derivados de las exportaciones de Pdvsa, incluidos los pagos correspondientes a regalías, quedaron sujetos a un esquema de custodia bajo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las cifras van entre USD 13.000 millones del Financial Times hasta USD14.500 millones de la Comisión Especial para la Evaluación y Clasificación de Activos Públicos de Venezuela y USD 6.434 millones de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos pero sin contabilizar ventas a destinos de Europa y Asia.
Le pregunta del diario inglés es ¿dónde están? En el centro del huracán está el presidente de la petrolera estatal que junto a la vicepresidenta le dan cuenta y razón al presidente de Estados Unidos que tiene el ojo puesto en el petróleo venezolano. Además de que Obregón deba abrir la puerta a las multinacionales con todas las garantías jurídicas de la mano de uno de los más grandes bufetes gringos.
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