En este momento son cerca de diez mil procesos los que se encuentran en curso en la Procuraduría General de la Nación de Colombia, sin embargo más de la mitad están próximos a prescribir, el primero de julio, por la entrada en vigencia del Código General Disciplinario, implementado por el exprocurador Alejandro Ordóñez, quien cambió los lapsos mediante los cuales se determina el cierre de un expediente.
Asimismo, se conoció que este organismo de vigilancia tiene aproximadamente 12.000 procesos abiertos en los que se realiza la investigación de posibles casos de corrupción de varios de los funcionarios públicos. Sin embargo, con la nueva ley solo quedarían abiertos 2.000.
“significa más impunidad porque vamos a perder unos procesos que están en curso (…) Para la Procuraduría es una forma de empezar a minar su institucionalidad, no tiene presentación hacia la sociedad cerrar diez mil procesos”. Así lo manifestó Sonia Patricia Téllez, procuradora delegada para la vigilancia administrativa.
Ante la compleja situación que se viviría con varios de estos procesos, la Procuraduría presentó una reforma ante el Congreso que busca frenar la entrada en vigencia de este Código logrando así de que los expedientes no prescriban.
Sin embargo, si se aprueba el código General Disciplinario, uno de los procesos que terminaría y que en este momento se encuentra en investigación es el de la corrupción en Odebrecht, así como el de exsenadores como Bernardo “Ñoño” Elías y pesquisas sobre las irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
“Hoy, si entra en vigencia el nuevo Código Disciplinario, prescriben más de diez mil procesos por cuanto se aplicaría la ley favorable frente a las figuras de prescripción y caducidad”, sentenció la procuradora Margarita Cabello.
Por ende, la procuradora delegada para la vigilancia administrativa realizó la petición al Congreso de revisar la propuesta de reforma al Código Disciplinario presentada por el ente de vigilancia, para mantener las condiciones de la Procuraduría según se trazó en la Constitución de 1991.
Quedan menos de tres semanas para que llegue el primero de julio, día en el que está programada la entrada en vigencia de ese Código, y sólo el Congreso puede frenar su aplicación para permitir que las investigaciones por corrupción sigan su curso.
