Golpe al sector tributario: asesinan a Gilberto Calao, director de la DIAN en Tuluá

Gilberto Jesús Calao González, director seccional de la DIAN en Tuluá, Valle del Cauca, fue asesinado este jueves al salir de su casa. Calao, abogado con más de diez años de experiencia en la DIAN, asumió el cargo en agosto en una ciudad estratégica para el tránsito de mercancías hacia el puerto de Buenaventura.

El homicidio ocurre en un contexto de creciente preocupación por el contrabando en Colombia, un problema que ha expuesto la corrupción interna en la DIAN y la vulnerabilidad de sus funcionarios. El presidente Gustavo Petro reconoció las fallas en los sistemas de la entidad, como Lucía, que no garantizan control efectivo sobre los recursos.

Expertos señalan que el contrabando genera pérdidas millonarias y ha facilitado la infiltración de redes criminales en instituciones clave. El asesinato de Calao subraya los riesgos que enfrentan los funcionarios técnicos en aduanas y el desafío del Estado para controlar la economía ilegal en el país.

Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN entre 2010 y 2014, recuerda que durante su gestión más de 70.000 contenedores pasaron sin control. Reyes calcula que la brecha entre exportaciones e importaciones registradas alcanza 8.000 millones de dólares al año, lo que evidencia la magnitud de las pérdidas por corrupción y contrabando.

El comercio ilegal de productos como cigarrillos, según Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), genera beneficios superiores al narcotráfico, incentivando la cooptación de instituciones públicas por organizaciones criminales. Petro también advirtió que con el contrabando se lava dinero de la cocaína.

Fuentes de la DIAN señalan que el asesinato de Calao evidencia el alto riesgo de ejercer funciones en las aduanas. La falta de directores permanentes en la DIAN, POLFA y la UIAF ha debilitado la capacidad del Estado para enfrentar a las mafias del contrabando. Mientras el debate político se centra en acusaciones cruzadas, la operatividad en puntos críticos sigue bajo la presión de estructuras delictivas que aprovechan los vacíos institucionales.

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