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El Congreso de Finanzas Públicas Territoriales se reunió para conversar sobre las necesidades de las regiones. Gobs Estrategias Públicas fue la entidad desarrolladora que llevó a cabo el evento en Medellín en agosto 19, que contó con 500 asistentes y representantes de alrededor de 70 municipios; también incluyó secretarios de Hacienda, académicos y expertos en el área.
La entidad recordó que el espacio nació para trazar una ruta clara acerca de los retos comunes que enfrentan las entidades de los territorios en ejes específicos; entre los desafíos se encontraron las estrategias a desarrollar para el acoplamiento con el nuevo gobierno nacional, la optimización de los recursos públicos disponibles y su modernización tributaria. Se discutió acerca de la sostenibilidad y seguridad de la infraestructura pública, la evolución de la tecnología y su implementación en las entidades y acerca de la importancia de seguir los reglamentos jurídicos establecidos.
Uno de los consensos a los que llegaron los participantes fue la necesidad de reconocer las características y necesidades propias de cada territorio, de acuerdo a sus capacidades individuales.
Ricardo Valencia, gerente de Gobs Estrategias Públicas, hizo un llamado a la importancia de reconocer que la descentralización también tiene que direccionarse hacia la descentralización de capacidades por condiciones específicas “no todos los territorios parten del mismo lugar ni tienen las mismas condiciones fiscales, técnicas e institucionales. Por eso, si queremos más autonomía territorial, tenemos que preguntarnos qué capacidades necesita cada territorio para ejercer sus competencias, administrar sus recursos y convertirlos en resultados. Esa es una deuda clarísima que tenemos en Colombia”, afirmó Valencia.
También se planteó el estudio de la creación de una superintendencia descentralizada que permita acompañar personalmente los resultados de cada territorio. Y en el marco de la conversación afirmaron que no bastaba con definir quién recibe los recursos, sino también establecer quién tiene las competencias y con qué aspectos de las capacidades se miden los resultados.
Adicionalmente, debatieron sobre el catastro y el predial y establecieron cuatro puntos de partida para evaluar el desempeño de las zonas, entre ellos la toma de decisiones, el diseño tributario, la capacidad institucional y las nuevas tecnologías.
Para ejemplificar el punto, presentaron el caso de Antioquia, donde identificaron más de 1.500 bases de datos del impuesto a vehículos que no estaban integradas. La solución al problema fue la creación de un lago de datos del contribuyente que permitió organizar los datos y que concluyó en el aumento de 21% en el recaudo de impuesto vehicular durante un año. Sobre Medellín también se resaltó la existencia de un valor catastral cercano a $330 billones, mientras menos de 1% se convierte actualmente en recaudo tributario asociado a esa infraestructura.
Orlando Uribe, secretario de Hacienda de Medellín, sintetizó la experiencia de la ciudad: “Dentro del modelo de gerencia pública, convertimos el presupuesto en bienestar. Bajo la premisa “Que en Medellín no se pierda un peso”, en el sentido de que aplicamos criterios gerenciales similares a los del sector privado en cuanto al cuidado y seguimiento del juicio de cada peso invertido bajo las reglas de distribución de la administración pública”
Finalmente, las siete prioridades establecidas para la agenda fueron el relacionamiento con el gobierno, la profundización en el modelo de descentralización, la modernización de los marcos normativos, el uso de nuevas tecnologías, el fortalecimiento de los ingresos individuales, la importancia de un buen desarrollo urbano y la simplificación del sistema tributario territorial.
