A riesgo de “llover sobre mojado”, me parece útil realizar un ejercicio sobre las prioridades en las cuales debe focalizarse el equipo económico de ADLE-Restrepo. El tiempo apremia y urgen correctivos fiscales; también debe aprovecharse el buen ímpetu empresarial para elevar la productividad y restablecer la viabilidad de los sectores energético y de infraestructura.
Como muchos de estos temas son bien conocidos por la opinión pública, omitiré los diagnósticos y procederé a esbozar soluciones. Todas requieren cuidadosa coordinación estatal, pues encierran delicados equilibrios socioeconómicos.
Frente fiscal
Urge recortar el gasto público en al menos 2% del PIB. Ejercicios realizados por el equipo del Carf identifican cerca de 1% del PIB en racionalización de subsidios de todo tipo y recortes burocráticos, incluyendo la eliminación de al menos cuatro carteras (Equidad, Deporte, Cultura y Ciencias).
Estas deben fusionarse con ministerios afines, donde bastaría con la jerarquía de viceministerios para cumplir eficazmente sus objetivos. Al igual que en los años ochenta, deben adoptarse “decretos cinturón apretado”, minimizando el gasto operativo estatal, eliminando cargos supernumerarios, prohibiendo todo gasto público en propaganda de entidades públicas y racionalizando gastos de viaje y de contratistas que viven del Estado.
El otro recorte de 1% del PIB del gasto público debe venir de reducir la carga de la deuda pública, hoy tan alta como 4,5% del PIB, y de la racionalización de las transferencias territoriales, actualmente bordeando 3,5% del PIB. Estas, sin embargo, tendrán una tendencia al alza (+1,5% del PIB) cuando entre en vigencia la reforma constitucional del SGP territorial (ver Clavijo, 2025, “Descentralización…”, SSRN, febrero).
Entretanto, el gobierno central debe montar un cuidadoso esquema de auditoría sobre los giros per cápita en sus componentes de educación y salud, aprovechando la tendencia demográfica declinante, especialmente la infantil y juvenil. El apoyo de los entes de control (CGR y Procuraduría) será vital para corregir los desmanes heredados de una administración petrista que venía utilizando estos esquemas con fines políticos.
Los apoyos de caja a Colpensiones, resultantes del monopolio en cotizaciones de la Ley 2381 de 2024, no deben generar “ilusión monetaria”, pues los exagerados reajustes en el SML (+17% real en 2026) están presionando sus gastos pensionales. Hemos estimado que su efecto sería de apenas +0,5% del PIB, en vez de 1,2% del PIB, como se estimó inicialmente (ver Clavijo, 2026, WP-SSRN, enero).
Coordinación monetaria-cambiaria
El Mhcp debería coordinar con el BR su compromiso de retracción del gasto público y, a cambio de ello, lograr que, al reducirse la inflación de 6,5% anual en 2026 hacia 4% en 2027, la repo real core descendiera del actual nivel de 6% hacia 3% en 18 meses. Esto permitiría que dicha contracción del gasto se viera compensada por una expansión del crédito privado, pues este había completado dos años de contracción real y con apalancamientos tan bajos como 40% del PIB (-12 puntos porcentuales en el último quinquenio).
Es igualmente urgente revertir la apreciación cambiaria (12% nominal anual), que ya acumula un desalineamiento de 20 puntos porcentuales reales frente a la paridad internacional. Este ha sido el infortunado resultado del sobreendeudamiento público y privado en divisas y del auge de las remesas (US$13.000 millones), reflejando el disparo del narcotráfico.
Esta disparidad cambiaria tiene al sector exportador estancado (tercer año consecutivo en solo US$50.000 millones, 12% del PIB) y, además, incentiva el auge de las importaciones de consumo. El déficit externo amenaza con regresar al insostenible 3,5% del PIB.
El BR debería recalcular la dinámica de la relación entre las RIN y los requerimientos a 12-18 meses, y encontraría bondades en la acumulación de RIN a través de esquemas de opciones cambiarias. Esto ayudaría a combatir la apreciación cambiaria real, pero seguramente deben ser intervenciones esterilizadas mientras se logra controlar la inflación.
Estos impulsos exportadores promoverían la producción local, retraerían el consumo importado y apoyarían la IED en exploración y explotación de gas natural (con la novedad del fracking), petróleo, cobre, ferroníquel y oro. También existe la oportunidad de impulsar las exportaciones de servicios desde la Costa Caribe (ver Clavijo y Fundesarrollo, 2025), pero tomará algún tiempo concretarla mientras se avanza en infraestructura y bilingüismo.
Debe recurrirse a un Stand-By con el FMI para aligerar las condiciones de la deuda externa y, de paso, lograr que “la doble condicionalidad” induzca a Colombia a adoptar ambiciosos programas de transición energética y desarrollo de infraestructura a través de programas concesionales, donde el componente de “vigencias futuras” debe apuntalarse.
Macrofinanciera y mercado de capitales.
A medida que se regrese a una composición de deuda pública de 80% local y 20% externa, y se realinee la tasa de cambio con su paridad internacional, los mercados de capitales deben volver a cumplir su papel protagónico, revirtiendo la obtusa obligación de que las AFP tuvieran que repatriar capitales por cerca de 10% del PIB.
La IED debe poder ofrecer atractivos programas de inversión en infraestructura en Colombia y así elevar de 3% a 5% los portafolios de las AFP en tales modalidades.
