Aunque Colombia se ha consolidado históricamente como una economía petrolera, que obtiene una parte importante de sus divisas de las exportaciones de hidrocarburos y que también ha aprovechado el auge exportador de productos como el oro, el café y las flores, las economías ilícitas ocupan igualmente un lugar relevante dentro del valor de la economía nacional.
De hecho, un estudio del Centro de Estudios e Incidencia Valor Público de la Universidad Eafit reveló que la participación de la cocaína en el PIB alcanzó un máximo histórico en 2024, al representar 4,4% del total. Esto equivale a US$16.500 millones, una cifra superior a la de las exportaciones tradicionales o al flujo de remesas recibido por el país.
Lo ocurrido en 2024 marcó la primera vez desde 2014 en que los ingresos asociados a la cocaína superaron a cualquiera de las exportaciones tradicionales. Hace 12 años, las ventas externas de petróleo generaban ingresos 12 veces superiores a los de esta economía ilícita, pero los datos más recientes muestran un cambio en esa tendencia. En 2024, las exportaciones de hidrocarburos sumaron US$15.000 millones y las de carbón US$7.106 millones, mientras que las remesas alcanzaron US$11.848 millones.
De acuerdo con Santiago Tobón, director del Centro de Valor Público y coautor del estudio, la creciente relevancia del narcotráfico dentro de la economía responde al aumento acelerado en la producción de cocaína, así como a la caída de los precios y de la producción petrolera.
En cuanto al primer punto, las cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito muestran que el área sembrada con coca pasó de 48.000 hectáreas en 2013 a 253.000 en 2023, un incremento de 427% en una década.
A su vez, Eafit detalló que la producción de cocaína se multiplicó por 10 entre 2013 y 2024, al pasar de 300 a cerca de 3.000 toneladas.
Un análisis de la fundación Conflict Responses señaló que la expansión de los cultivos y de la producción está directamente relacionada con el fortalecimiento de los grupos armados organizados. “Estos suelen regular y participar en este eslabón del narcotráfico mediante el cobro de impuestos a la compra y venta de pasta de coca, o adquiriéndola directamente para venderla posteriormente a quienes la transforman en cocaína o invirtiendo en ese proceso”, detalló la organización.
María Alejandra Vélez, directora de Desarrollo Rural, Economías Ilícitas y Medio Ambiente del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, explicó que un segundo estudio, que analizó el impacto de la economía cocalera desde 2014 en los municipios afectados por esta problemática, confirmó que las economías ilícitas han dinamizado la actividad económica en los territorios donde tienen presencia.
“Esto implica que por cada $1.000 adicionales provenientes de la venta de hoja de coca, el PIB municipal aumentó en $1.446, y que los municipios con mayores incrementos en el área cultivada registraron mayores aumentos en su actividad económica. Es decir, la economía cocalera actúa como un catalizador de la economía regional”, explicó Vélez.
Por el lado del retroceso petrolero, las estadísticas de producción de la Agencia Nacional de Hidrocarburos muestran que, mientras en 2013 el país produjo un millón de barriles diarios de crudo y registró US$32.481 millones en exportaciones, en 2024 la producción promedio fue de 772.600 barriles diarios, con ventas externas por US$15.032 millones.
Esto representa una reducción de 235.000 barriles diarios en una década, a lo que se suma una diferencia cercana a US$30 en la cotización promedio del petróleo entre ambos años: US$108,6 frente a US$79,8.
Sugerencias de la academia
Como propuesta para debilitar esta economía ilícita, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas recomendó revisar la estrategia actual de erradicación y orientarla hacia una mayor inversión regional en infraestructura rural, electrificación y mejoramiento de vías terciarias.
“El Gobierno enfrenta el reto de abandonar las lógicas de la erradicación forzada y de la intervención predio a predio, para avanzar hacia un modelo por fases de inversión regional extrapredial, basado en la provisión de bienes públicos como electrificación, vías terciarias y desarrollo de mercados lícitos. La prioridad debe ser asegurar primero las condiciones para una economía viable, transformando las regiones cocaleras según su vocación ambiental, regional y étnica, en lugar de enfocarse en la sustitución”, dijo Vélez.
Avances de este gobierno
En cuanto a los resultados del gobierno de Gustavo Petro durante los últimos cuatro años, Gloria Miranda, directora de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, señaló que el programa cerrará la administración con 30.000 hectáreas de cultivos de coca sustituidas por café y cacao. Además, indicó que las ventas de estos productos alcanzan $471.000 millones en mercados de exportación como Estados Unidos y Asia, gracias a una inversión cercana a $2 billones a través del programa ‘Renhacemos juntos’.
“Nuestro compromiso con EE.UU., aunque no fue una exigencia de ellos, es llegar a 30.000 hectáreas erradicadas sin ponerle apellido a esa erradicación. Nunca dijimos si iba a ser forzosa o voluntaria. Esperamos que, cuando llegue la revisión de la certificación en la lucha contra las drogas en septiembre, ya contemos con esas 30.000 hectáreas de reducción”, concluyó.
