El viaje del presidente de Rusia, VladÃmir Putin, a Mongolia, Estado parte de la Corte Penal Internacional (CPI), pone a prueba la polÃtica de neutralidad del pequeño paÃs asiático y el alcance de las instituciones internacionales.
Contexto del viaje
El desplazamiento de Putin, que llegó a Mongolia el 2 de septiembre, se produce en el marco de la conmemoración de una victoria militar de Rusia y Mongolia en la Segunda Guerra Mundial (el 85º aniversario de la batalla del rÃo Khalkh, en la que tropas soviéticas y mongolas se enfrentaron a fuerzas japonesas).
Es la primera vez que el presidente ruso visita un paÃs miembro de la Corte Penal Internacional (CPI) desde que el organismo emitió una orden de arresto en su contra en 2023.
Orden de arresto de la CPI contra Putin
El 18 de marzo de 2023 la CPI emitió una orden de arresto contra el presidente ruso como «presunto responsable» de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que supone un crimen de guerra según el tratado de este tribunal, el Estatuto de Roma.
Los delitos de los que se le acusa ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el «territorio ocupado de Ucrania», según la CPI, que considera que hay «motivos razonables» para creer que Putin tiene «responsabilidad penal individual» por el crimen de guerra que supone la deportación de menores.
Desde ese momento, Putin ha limitado mucho sus viajes al extranjero, evitado los paÃses que habÃan ratificado el Tratado de Roma, que fue el origen de la CPI.
Mongolia firmó el tratado de la CPI en 2000, lo ratificó en 2002 y es un Estado miembro desde 2003.
El pasado junio, el paÃs reafirmó su apoyo «inquebrantable» a esa corte, junto con otros 92 miembros.
La CPI y la Unión Europea han recordado al paÃs asiático que está sujeto a las obligaciones que impone ser miembro de ese tribunal.
Qué dice el Estatuto de Roma
El Tratado de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, establece que los Estados miembros del mismo deben actuar si una persona que es objeto de una orden de arresto entra en su territorio.
La CPI recordó la semana pasada que sus paÃses miembros tienen la «obligación» de detener a los individuos contra los que existe una orden de detención.
Posibles reacciones de la CPI
En la práctica, la Corte Penal Internacional carece de un mecanismo de ejecución eficaz, y los Estados miembros pueden estar exentos de realizar detenciones si hacerlo entra en conflicto con ciertas obligaciones del tratado o con la inmunidad diplomática.
Si Mongolia no reacciona, la CPI podrÃa remitir el caso a la Asamblea de los Estados Partes.
Esa asamblea, que se reúne una vez al año, a su vez podrÃa condenar la violación de Mongolia a través del llamado «procedimiento de incumplimiento».
Sin embargo, las eventuales sanciones de la asamblea se limitan esencialmente a una amonestación verbal.
Otra opción serÃa que el tribunal lo remita al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), lo que implicarÃa consecuencias desde el punto de vista jurÃdico, diplomático y de reputación.
Reacción de Rusia
El Kremlin dijo la semana pasada que no temÃa que el presidente Putin fuera detenido en Mongolia durante su visita oficial debido a la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) en su contra y que el paÃs asiático debÃa ejecutar.
«No, no estamos preocupados (…) Tenemos un magnÃfico diálogo con nuestros amigos de Mongolia», zanjó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al ser preguntado si existÃan temores al respecto.
Qué dicen las ONG
La organización AmnistÃa Internacional alertó de que cualquier viaje a un Estado miembro de la CPI que no termine en un arresto alentará la actual lÃnea de acción del presidente ruso y debe considerarse parte de un esfuerzo estratégico para socavar la labor de la CPI para procesar a los presuntos criminales de guerra.
«Proteger a un fugitivo de la justicia internacional no solo equivaldrÃa a obstruir la justicia. Si Mongolia proporciona al presidente Putin un refugio seguro, aunque sea temporal, se convertirá en la práctica en cómplice de la garantÃa de la impunidad para algunos de los crÃmenes más graves según el derecho internacional», dijo Altantuya Batdorj, directora ejecutiva de AmnistÃa Internacional Mongolia.
Por su parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos recordó en una carta abierta que Mongolia está «legalmente obligada» a detener a Vladimir Putin.
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