La Procuraduría General de la Nación decidirá el próximo 5 de noviembre si Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores, es culpable o no de presuntas irregularidades del proceso de licitación de pasaportes.
El ente de control suspendió al excanciller el 24 de enero por tres meses, es decir, el período terminaba el 24 de abril. Pero en esa fecha volvió a prorrogar la suspensión por tres meses más.
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En su momento, el Ministerio Público le endilgó haber incurrido en dos faltas disciplinarias gravísimas cometidas a título de dolo.
La primera presunta falta fue declarar desierta la licitación 001 de 2023 “sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”, de acuerdo con la Procuraduría.
La segunda, Leyva declaró una urgencia manifiesta sin que, al parecer, existieran causales para adoptar la decisión. El Ministerio Público consideró que hasta ahora continúan las condiciones por las que se ordenó la suspensión.
De acuerdo con el órgano disciplinario, si Leyva volviera a su cargo, actualmente ocupado por Luis Gilberto Murillo, “podría darse la reiteración de la falta en el actual proceso licitatorio”, que quiso ser detenido por el exsecretario José Antonio Salazar.
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“El órgano de control, que adelanta el juicio disciplinario, agregó que hasta el momento no se han aportado elementos probatorios que permitan desvirtuar los presupuestos procesales exigidos”, agregó la entidad, que extendió la suspensión hasta el 24 de julio.
Para la Procuraduría, el excanciller Leyva podría interferir “de manera nociva” en el proceso de adjudicación del contrato para elaborar los pasaportes colombianos, “dada la autoridad que este tiene sobre los servidores públicos que fueron citados como testigos”.
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