A raíz del paro en Colombia que comenzó el 28 de abril, y el cual tuvo muchos daños a bien público y privado, hay uno que ha tenido mucha visibilidad y es la tumbada de la estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali.
Es por eso que el abogado Hernando Morales realizó una denuncia formal contra de los gobernantes indígenas de la comunidad Misak, por el daño al patrimonio de la ciudad ocasionado el primer día de manifestaciones.
Es por eso, que se que Pedro Velasco, gobernante de la comunidad Misak; Edgar Alberto Velasco, secretario del Movimiento de Autoridades de Indígenas, y “los representantes de los tres pueblos y 52 autoridades a nivel nacional” deben ser investigados por el delito de daño a bien ajeno con agravante.
Ante eso, los indígenas reconocieron haber participado en el derribamiento de la estatua ubicada en el oeste de la ciudad, sin embargo, se presenta una gran controversia por la denuncia impuesta por el abogado Morales.
Pues, David Aucenon abogado constitucionalista, dice que esa denuncia no tiene fundamento pues el que tuvo que presentarla formalmente es la persona directamente a la que se le ha vulnerado el bien jurídico.
“En delitos como este, debe ser la persona directamente a la que se le ha vulnerado el bien jurídico, quien interponga la denuncia por ser un delito querellable, entonces no puede cualquier persona poner la denuncia. Entonces en este caso tendría las de perder, ya que debe ser la Alcaldía o la Gobernación u otra entidad estatal que esté a cargo de ese monumento directamente afectado, la que ponga la denuncia”.
Cabe mencionar que si se hace efectiva esta denuncia que interpuso el abogado Morales, la pena que podrían afrontar los gobernadores indígenas sería de dieciséis a treinta y seis meses de prisión. Asimismo, tendrían una multa hasta de quince salarios mínimos mensuales legales vigentes.
