El recurso de la tutela sigue siendo la vía más usada por los ciudadanos para acceder a servicios de salud en Colombia. Un diagnóstico reciente de la Defensoría del Pueblo advierte que, lejos de disminuir, estas acciones aumentaron en el último año y mantienen una alta concentración en territorios con mayores dificultades de acceso, entre ellos Norte de Santander.
En 2025 se registraron cerca de 312.500 tutelas en salud en el país, frente a más de 265.000 en 2024. El incremento, cercano al 18 %, evidencia que persisten problemas en la atención oportuna, la entrega de medicamentos y la continuidad de los tratamientos.
Aunque departamentos como San Andrés encabezan la tasa por habitante, Norte de Santander aparece entre los cinco con mayor número de tutelas en proporción a su población, con 114,1 casos por cada 10.000 habitantes, más del doble del promedio nacional.
Ocaña y el Catatumbo, en el foco
Uno de los datos que más llama la atención es el de Ocaña. Este municipio, sin ser capital departamental, reporta 4.673 tutelas, una cifra comparable con ciudades principales del país.
Lea aquí: Minhacienda anuncia el regreso del Gobierno a la junta del Banco de la República, pero bajo condiciones
La situación refleja la presión que enfrenta el sistema de salud en la subregión del Catatumbo, donde confluyen problemas de orden público, dispersión geográfica y limitaciones en la red hospitalaria.
En esta zona, los usuarios acuden a la tutela principalmente para obtener citas con especialistas, medicamentos y apoyo para transporte, lo que evidencia fallas en servicios básicos más que solicitudes excepcionales.
La dinámica también impacta a poblaciones rurales y comunidades afectadas por el conflicto, donde el acceso a atención especializada sigue siendo limitado y obliga a traslados frecuentes hacia Cúcuta u otras ciudades.
Barreras para la población migrante
El informe también advierte que la población migrante enfrenta mayores dificultades para acceder al sistema de salud. En departamentos de frontera como Norte de Santander, Arauca y La Guajira, se concentra un número significativo de tutelas relacionadas con problemas de afiliación y continuidad en la atención.
En municipios fronterizos y corredores como los del área metropolitana de Cúcuta y el Catatumbo, la demanda de servicios ha crecido sin que la capacidad instalada responda al mismo ritmo, lo que genera congestión en hospitales y retrasos en la atención.
Lea también: En Norte de Santander se sienten menos pobres, pero el dinero no alcanza
Fallas en servicios básicos
Las tutelas en salud no se concentran en tratamientos de alto costo, sino en servicios esenciales. Las principales solicitudes están relacionadas con citas médicas especializadas, entrega de medicamentos, hospitalización, cirugías y transporte para pacientes.
A esto se suman diagnósticos frecuentes como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, trastornos neurológicos y problemas de salud mental, entre ellos ansiedad y depresión. También hay una alta presencia de casos complejos, como cáncer y epilepsia severa.
Cerca del 40 % de las tutelas corresponden a personas con especial protección, como adultos mayores, pacientes con enfermedades graves y personas con discapacidad. En Cúcuta, Ana Delia Quintero, de 84 años, esta semana fue dos veces al dispensario Nueva EPS, Cafam, para que le entregaran los medicamentos para su diabetes. Desde Octubre del año pasado no se los entregan y para presionar puso una tutela, sin embargo, “de nada sirvió porque hasta el sol de hoy no me han hecho entrega de mi insulina”, dijo la mujer.
Como Quintero hay 800.000 usuarios de esta EPS que viven el mismo calvario.
Un sistema bajo presión
La Defensoría del Pueblo señala que el uso masivo de la tutela deja en evidencia fallas estructurales del sistema de salud, relacionadas con financiamiento, gestión y desigualdad territorial.
Lea además: Economía colombiana creció 1,65% en febrero
En regiones como Norte de Santander, donde convergen factores como la migración, la ruralidad y la situación de orden público en el Catatumbo, estas dificultades se hacen más visibles. La tutela, que en teoría es un mecanismo excepcional, se ha convertido en la principal herramienta para garantizar la atención.
El reto, según el informe, es que el sistema responda sin necesidad de acudir a los jueces, especialmente en territorios donde la población enfrenta mayores barreras para acceder a servicios básicos de salud.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
