El Congreso aún no remite al presidente de la República el polémico proyecto de ley de autoblindaje sancionado la semana pasada.
Mario Abdo tiene seis días legales para tomar su decisión. Su equipo le recomienda mantenerse en la postura inicial asumida en el 2019, cuando vetó el autoblindaje argumentando que era completamente inconstitucional. En su momento, había señalado que para expulsar a un legislador no se necesita de una mayoría absoluta ni de sentencia judicial.
Sin embargo, tiene encima la presión de sus correligionarios que aprobaron la normativa tanto en el Senado como en Diputados.
Los legisladores resolvieron establecer una serie de medidas para dificultar que una persona pueda perder la investidura. En la versión sancionada solamente por dos tercios (30 votos en Senado y 53 en Diputados) pueden ser expulsados.
El artículo 201 de la Constitución Nacional reglamentado por dicha ley habla de la pérdida de investidura. Refiere que se necesita de una mayoría simple para sacar la investidura a un legislador que realiza tráfico de influencia fehacientemente comprobado. La decisión legislativa se da en momentos de fuertes negociaciones para la futura composición de la mesa directiva. El Presidente quiere que un Colorado siga al frente mientras que el Frente Guasu está operando por votos.
