Colombia acaba de conocer al hombre que dirigirá su Ministerio de Defensa a partir del 7 de agosto de 2026: el mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora López, designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella. Treinta y seis años de carrera militar, comandante de la División de Fuerzas Especiales, director de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares, Cruz de Boyacá. Pero detrás del anuncio hay una historia que el país debería estudiar con cuidado, porque no habla solo de él: habla de cómo funciona —y de cómo falla— nuestro sistema de reputación pública. Durante años, el nombre del general Mora estuvo asociado a señalamientos por presuntas irregularidades en el trámite de viáticos de la División de Fuerzas Especiales.
El proceso llegó a los estrados. Y allí, donde se exigen pruebas y no rumores, el Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá confirmó su inocencia. Según su defensa jurídica, el expediente estableció algo aún más grave que la simple ausencia de responsabilidad: que el nombre, el cargo y la autoridad del oficial fueron utilizados indebidamente para aparentar instrucciones que él nunca impartió. Más todavía: fue el propio general quien advirtió las irregularidades y las puso en conocimiento de la institución, aportando elementos determinantes para esclarecer los hechos. Es decir: el hombre señalado era, según lo establecido en el proceso, el hombre que denunció. Aquí está el problema de fondo. Entre el señalamiento y la sentencia transcurren años. En ese intervalo, la presunción de inocencia —que es un derecho constitucional, no unacortesía— se evapora en la conversación pública. El titular acusatorio se publica en primera página; la absolución, si se publica, aparece en un rincón.
El buscador de internet, que no distingue entre acusación y sentencia, sigue sirviendo la versión vieja durante años. La condena mediática no necesita fiscal, ni juez, ni pruebas: le basta un clic. No se trata de blindar a los poderosos frente al escrutinio. El periodismo de investigación es indispensable en una democracia, y los funcionarios públicos —el general Mora incluido, ahora más que nunca como ministro— deben rendir cuentas. De eso no hay duda. Se trata de algo distinto: de que el señalamiento sin prueba tenga consecuencias cuando destruye lo que un fallo judicial luego restituye en el papel, pero casi nunca en la realidad.
Porque la reputación no se restituye con una sentencia. Se restituye —si acaso— con el mismo volumen, la misma visibilidad y la misma insistencia con que fue atacada. Y eso, en Colombia, casi nunca ocurre. El general Mora llega al ministerio con un fallo que lo respalda. Miles de colombianos anónimos, absueltos en silencio después de ser condenados a gritos, no tienen esa plataforma. Por ellos, más que por él, este debate es urgente.
