Iván Sánchez investigó contratos corruptos, hoy llega a la Administradora de Recursos de la Salud para enfrentar la crisis de liquidez de hospitales y clínicas
Investigadores y auditores que lo acompañaban durante sus pesquisas de campo cuando dirigía un equipo élite de la Contraloría encargado de vigilar los recursos destinados a las tecnologías de la información y de las comunicaciones, lo recuerdan como un sabueso capaz de seguir el rastro hasta del último centavo.
Rememoran, por ejemplo, aquellos días en los que Iván Sánchez Arango, contralor de la Unidad de Regalías, les puso la lupa a 25 contratos por $158.000 millones destinados a la adquisición del servicio de internet para instituciones educativas de La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño y Norte de Santander.
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Era la época de la prepandemia, a comienzos de 2020, y los hallazgos sacudieron el escenario del control fiscal: se habían embolatado 55.195 millones por cuenta de sobrecostos, pagos por servicios ficticios y desembolsos a manos llenas en pleno receso escolar. Por lo demás, fueron pagados 599 días de conectividad sin que su hubiera instalado siquiera un software.
Los padres de familia y los estudiantes afectados solo lo tenían a él para denunciarlo y lo hizo con pruebas mano que superaron todas las instancias posteriores de control.
Ahora, al llegar a la dirección de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) seguirá entendiéndose con multimillonarios recursos, pero no solo para vigilarlos sino para administrarlos en plena cresta de unas de las más graves crisis sorteadas por la salud en la historia del país.
No en vano, el presupuesto anual proyectado para la ADRES en 2026 habrá superado al finalizar el año los $115 billones de pesos. Alcanzará entonces el pico presupuestal más alto en la historia de la entidad para el financiamiento del sector en Colombia.
La evolución ha sido importante. En 2025 se aproximó a los con un aproximado a los $100,4 billones y despegó 2026 con una asignación de $114,8 billones, merced a un incremento de $14,5 billones respecto al año anterior. De ahí para acá han venido nuevas adiciones de las cuales sale el estimado de los $115 billones.
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Las fuentes son importantes. El Presupuesto General de la Nación aporta casi el 36 por ciento del recaudo, los cotizantes al régimen contributivo entregan el 34 por ciento, en tanto que el Sistema General de Participaciones desembolsa el 15 por ciento.
Destreza en campaña
Iván Sánchez nunca fue un técnico de escritorio. El presidente Abelardo De la Espriella lo conoció en campaña. Fue su coordinador programático en salud y jefe del empalme en esa área con el gobierno Petro.
Fue él quien, cuatro días después del triunfo electoral de De la Espriella, se sentó con Pacientes Colombia y la Mesa de Usuarios para prometerles “flujo de caja”. Es decir, llega no como cuota política, sino como impulsor de soluciones.
Su decreto de nombramiento, el 1338 del 28 de agosto de 2026, salió cuando la encargada Carmen Rocío Rangel llevaba apenas diecisiete días al frente de la entidad. Se posesionó ante la ministra Ana María Vesga el 31 de agosto.
Su perfil, dicen algunos de sus allegados, es deliberadamente opuesto al manejo de Adres en el gobierno anterior. Mientras en 2023-2025 la entidad asignó 11,6 billones a presupuestos máximos sin control y con siniestralidad de 110%, Sánchez llegaba de cinco años como Contralor Anticorrupción.
Su especialidad no es salud asistencial, sino persecución de desvío de recursos públicos, Regalías y responsabilidad fiscal.
En el sector privado no estuvo al frente de una EPS. Fue gerente del Grupo Empresarial ESENSA – Especialistas en Salud, desde donde conoció la otra cara: recuperación de cartera, habilitación y peleas con EPS por glosas.
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Llega a cumplir dos órdenes presidenciales inmediatas. La primera es activar un plan de choques de $10 billones para pagarles a hospitales y clínicas. La deuda es casa enervante de una crisis de liquidez es total. Él es el que va a decidir a quién le gira primero.
La segunda orden es blindar la plata con IA y blockchain, como lo anunció el presidente el día su posesión en Cali. Quiere trazabilidad total del giro directo y validación de las Unidades de Pago por Capitación con una Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) y PILA para evitar afiliados fantasmas, que era el negocio denunciado en la era Petro.
Es abogado de la Sergio Arboleda, especialista en Derecho de Tecnología y Telecomunicaciones. No es médico, es un cazador de fraudes puesto a manejar el banco más grande de Colombia. Quien quiera auditar Gestión de Seguridad Electrónica y DIAN contra ADRES, él es tu interlocutor natural: viene de investigar exactamente ese tipo de entramados empresariales.
