Martha Carvajalino hizo pausa en su rol de procuradora para integrar el gobierno Petro pero regresó al cargo sin hacer empalme en medio de cuestionamientos
Martha Carvajalino, había solicitado una comisión de servicios en la Procuraduría para integrar el gobierno Petro como ministra de Agricultura y Desarrollo Rural. Ocupaba allí el cargo de procuradora judicial, ambiental y agraria al que accedió por concurso en el 2016 y por tanto es de carrera sin posibilidad de ser removida por el cambio de Procurador. Su perfil profesional es el de una abogada con maestría, ambos títulos obtenidos en la Universidad Nacional de Colombia, con una reconocida experticia en restitución de tierras y desarrollo rural.
Regresó a la Procuraduria a ocupa un cargo de vigilancia con un gran poder que le permitirá vigilar las actuaciones de su sucesor el ministro Indalecio Dangond, el experto que llega la cartera de agricultura nombrado por De la Espriella. Carvajaino renunció el 9 de julio antes de iniciarse el empalme con el nuevo gobierno.
Militante del Partido Comunista, una de las agrupaciones que se fusionó en el Pacto Histórico fue la escogida para reemplazar a Jhenifer Mojica, quien salió en medio de cuestionamientos y una pugna interna con Gerardo Vega, entonces director de la Agencia Nacional de Tierras. Sin embargo fue nombrada embajadora en la FAO en Roma en reemplazo de Armando Benedetti quien tuvo un efímero periplo diplomático.
Al asumir sus funciones, Carvajalino fijó posturas claras frente a las herramientas jurídicas del sector, precisando el 20 de junio de 2024 que la expropiación agraria está plenamente consagrada en el ordenamiento del país, concretamente desde la Ley 74 de 1966, y señalando que se ha construido un fantasma político alrededor de dicha norma.
Debate por las cifras de su gestión
La presentación del balance de su gestión sectorial generó un intenso debate técnico en torno a la veracidad y el alcance de los resultados oficiales. Los reportes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural defendieron la entrada de un total de 806.000 hectáreas al Fondo Nacional de Tierras. De acuerdo con el desglose del Gobierno, 442.000 hectáreas correspondieron a predios adquiridos de forma directa (de las cuales 230.000 hectáreas fueron compradas a particulares en el marco del acuerdo con Fedegan), 24.000 hectáreas ingresaron mediante donaciones u otras transferencias sin costo para el Estado, y las restantes 314.000 hectáreas provinieron de diversos procesos agrarios.
Frente a estas cifras, la exministra de Agricultura Cecilia López cuestionó con dureza los datos expuestos por el Gobierno Nacional sobre la compra y formalización de tierras, calificándolos como inadecuados para medir el avance real de la reforma. A juicio de López, la administración solo debería reportar legalmente como tierras entregadas las 88.000 hectáreas que ya cuentan con su registro definitivo debidamente asentado en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos -ORIP.
Cuestionó, que hay 84.000 hectáreas que no se han pagado y no entiende cómo es posible entregar tierra que no se ha pagado a los que las vendieron. Según los argumentos de la exministra, los títulos temporales o los actos administrativos pendientes de registro admiten cuestionamientos jurídicos y no brindan la seguridad jurídica absoluta que sí otorgan las hectáreas registradas formalmente ante las ORIP.
De todas formas, desde el alto cargo que ostenta en la Procuraduría puede vigilar y controlar con las consecuentes sanciones disciplinarias a que den lugar a todo el sector agropecuario que tendrá nuevos directivos críticos de la gestión que ella lideró en el gobierno Petro, como es el nuevo ministro Indalecio Dangond.
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