La Fiscalía General de la Nación les imputó los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, al considerar que habrían participado en la entrega de dádivas a congresistas a cambio de apoyo político en el Congreso.
La decisión fue adoptada por la magistrada Aura Rosero Baquero, quien impuso medida de aseguramiento intramural, pese a que la Fiscalía había solicitado detención domiciliaria mientras avanzan las investigaciones.
Durante la audiencia, que se extendió durante toda la jornada, ambos exministros se declararon inocentes. Velasco anunció que presentará una versión distinta a la expuesta por los testigos del ente acusador, mientras que Bonilla aseguró haber actuado conforme a la Constitución y la ley, reiterando que defenderá su inocencia en el proceso judicial.
Según la Fiscalía, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, los exfuncionarios habrían intervenido para redireccionar recursos públicos de la UNGRD y del Instituto Nacional de Vías (Invías) hacia contratistas señalados por congresistas, con el propósito de asegurar mayorías legislativas para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La imputación señala que el entramado habría impulsado 79 contratos por un valor aproximado de 612.000 millones de pesos, de los cuales solo siete llegaron a adjudicarse.
